Lo que le sucede a Thelma Aldana es muy común cuando una persona en un cargo público quiere hacer bien las cosas, ordenar y aplicar la ley. Las instituciones han operado tan mal, que corregirlas es tarea titánica. Se vuelve tarea crucial luchar contra los feudos o los grupos de células anquilosadas ahí durante mucho tiempo, al grado de convertirlas en presa de captura, en feudos. La reforma del Estado debería comenzar por revisar los reglamentos, funciones y leyes que las rigen para adecuarlas a los nuevos tiempos, hacerlas funcionales, evitar las intermediaciones burocráticas y politizadas y renovarlas de corruptos y corruptas.
Lo que se está haciendo con la SAT y el MP es correcto, pero la cirugía debería extenderse a otras instituciones públicas. Por ejemplo, el Ministerio Público fue durante mucho tiempo una instancia decorativa de nuestro sistema de justicia; a veces actuó como un organismo de persecución a los opositores políticos. El Ministerio Público, salvo honrosas excepciones, casi siempre fue un elefante blanco, un organismo bueno para perseguir ladronzuelos. Peligroso en ciertos momentos cuando los agentes del MP parecían policías judiciales, vestidos de particular, extralimitándose en sus funciones.
El proceso de lograr que el Ministerio Público cumpla su misión, como un organismo independiente, moderno, estratégico en la cadena de justicia, llevó mucho tiempo. Seguramente, juristas como Edmundo Vásquez Martínez y Acisclo Valladares jugaron un papel importante, hasta que, en los últimos años, el MP fue adaptándose a su misión hasta que llegue a ser una garantía del ciudadano para la impartición de una justicia eficaz, imparcial y rápida.
Thelma Aldana está cumpliendo con su momento histórico de revaluar al MP. Por eso la resistencia que genera y al mismo tiempo la preocupación de que yéndose ella, la institución retroceda. De inmediato los operadores del statu quo han reaccionado con lo que es común: la descalificación y la estigmatización. El recurso es el mismo desde tiempos remotos. Ideológico. Parece raro y quizá hasta una insolencia, que la fiscal se proponga perseguir la corrupción que involucra a políticos, jueces y empresarios. No mucho convence ya ese discurso, porque cada vez hay mayor conciencia de que la lucha contra la corrupción no es un asunto de ideologías. La SAT no está capturando empresarios porque sean de derecha, sino porque no han pagado impuestos. Muchos implicados en corrupción están en prisión preventiva porque así lo dispone un juez después de haber analizado la existencia de indicios. El Estado de derecho es para todos o para ninguno. Más bien debe alegrarnos, como sociedad, que el MP cumpla bien con su trabajo. Así deben actuar también los jueces, magistrados y todos los actores en el sistema de justicia.
La bandera de la sociedad debe ser: cero tolerancia a la corrupción. La vigilancia empieza por casa y sigue en centros de trabajo, iglesias, sindicatos, universidades, partidos políticos, gremios y escuelas.
La SAT no está capturando empresarios porque sean de derecha, sino porque no han pagado impuestos.
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