La corrupción ha sido un ingrediente natural de la administración pública guatemalteca, pero fundamentalmente con todo aquello que se relaciona con la construcción de infraestructura y cuyo control está en manos de privilegiados colaboradores de las más altas autoridades.
Por ello es que se ha vuelto natural sospechar de toda iniciativa relacionada con ese tipo de emprendimientos, porque tarde o temprano termina sabiéndose de oscuros intereses en esos afanes que dominan la construcción, las adjudicaciones, arrendamientos o concesiones que están marcadas por mezquinas motivaciones.
Ahora se conoce mucho de lo que ocurrió durante la última administración gubernamental y han aflorado numerosas negociaciones que en poco buscaban el beneficio del país, y por esa razón debería revisarse mucho de lo que se ejecutó en otros gobiernos.
Uno de esos megaproyectos que dio mucho de qué hablar, no solo entre los usuarios sino también por parte de autoridades de la Contraloría General de Cuentas, fue el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuyo costo sobrepasó los mil millones de quetzales y apenas rebasó el aspecto cosmético, pues su funcionalidad se mantiene en duda.
Incluso el expresidente Otto Pérez Molina requería de 100 millones de quetzales para continuar con varias reparaciones en esa terminal aérea.
Han transcurrido dos gobiernos desde que, durante de la administración de Óscar Berger, se iniciaron los trabajos de una obra que se anunciaba como una de las más vanguardistas de la región, algo que no ocurrió, sino más bien desde un inicio fue duramente criticada y cuestionada, al punto de que una década después sigue siendo calificada como una de las terminales portuarias más inhumanas de la región.
Solo en atención a usuarios, este aeropuerto dio un paso atrás y en lugar de convertirse en una moderna instalación aeroportuaria terminó echando a la calle a los usuarios, quienes ahora virtualmente deben bajar sobre la marcha a los viajeros o recibir a la intemperie a quienes arriban al país, en medio de las más increíbles incomodidades.
Lejos de buscar soluciones satisfactorias, muchos de quienes han tenido en sus manos cambiar esa situación han optado por atender sus propios negocios y autorizar obras cuestionables o sospechosas, al punto de que algunas concesiones se han tenido que cancelar, porque también la administración del Aeropuerto se volvió un jugoso negocio, donde existen grandes espacios que escapan al control de otras autoridades.
En vez de mejorar aunque sea en mínima parte las condiciones de atención a los usuarios, muchos de sus administradores también fueron seducidos por los negocios oscuros y no solo incurrieron en contrataciones sospechosas o adjudicaciones dolosas, sino que convirtieron esa terminal aérea en una fuente de ingresos ilícitos.
Es penoso que para turistas y connacionales este monumento a la corruptela no haya podido ni siquiera maquillar lo burdo de un negocio que sigue siendo la peor imagen para quienes arriban al país por primera vez o cuando se llevan la última impresión de una obra cuya construcción no se ha esclarecido plenamente pero tampoco se ha investigado del todo a los responsables de tanta ineficiencia.
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