“Quiero contarles una actividad más” es una de las muletillas que más repite Juan Carlos Monzón Rojas en su ampliación de declaración ante el Ministerio Público como colaborador eficaz. Esta pequeña frase antecede decenas de detalles de cómo operaba la estructura que lideraban Otto Pérez y Roxana Baldetti, desde que comenzó la campaña del Partido Patriota hasta los primeros meses de 2015.
El documento de más de 200 páginas revela detalles de las operaciones de La Línea y casos como TCQ, pero también hechos que hasta el momento no habían salido a luz. Desde convenios con el líder sindical Joviel Acevedo, sobornos a líderes comunitarios y el negocio con la seguridad de Baldetti durante las elecciones, hasta la participación de María Eugenia Villagrán cuando era presidenta del Tribunal Supremo Electoral, quien compartió información sobre el padrón electoral al PP durante la campaña de 2011.
El hombre de los mil usos
En una declaración que duró unas siete horas con 30 minutos, el pasado 4 de junio, en el cuarto nivel del edificio central del Ministerio Público, en la Fiscalía Especial Contra al Impunidad, Juan Carlos Monzón detalló paso a paso cómo ingresó al Partido Patriota (PP), y cómo se fue ganando la confianza de Roxana Baldetti, quien dirigía a su sabor y antojo esa organización política.
El trabajo de Monzón, según lo relató él mismo, fue de “mil usos”, luego de que Edgar Cristiani le hiciera la invitación de participar en el PP en 2010: visitar las bases en los departamentos, atender a líderes comunitarios, recoger información privilegiada y, el trabajo más importante, conseguir financistas y facturarles a nombre de otras empresas para ocultar la información financiera al Tribunal Supremo Electoral.
Encontrar, coordinar y facturarle a los financistas hizo que Baldetti le fuera tomando confianza. Monzón menciona, entre otros financistas importantes, a Arturo Batres, propietario de las Farmacias Batres. Irvin Cohen, Gustavo Alejos, Blue Oil, Álvaro Mayorga de Conasa, los bancos G&T Continental y Banrural, Mayafert, Tigsa y Altracsa.
Sin embargo, uno de los movimientos que más le valió para ganarse su posición en el PP y la confianza de Baldetti, fue el de mediar con Miguel Ángel Martínez, dueño de la empresa de seguridad Escorpión, para que le diera la seguridad personal a Baldetti y a su familia de forma gratuita.
“Le dije: ‘mira Miguel Ángel fijate que estoy metido en el Partido Patriota y estoy pegado a la señora Roxana Baldetti, ¿por qué no me apoyás financieramente o cómo hacemos?, yo quisiera ver que vos le dieras la seguridad a Roxana’, y efectivamente me dijo ‘va está bueno’”, relató Monzón.
El acuerdo al que llegaron es que Martínez colaboraría con el 60 por ciento del dinero para cancelarle los salarios al equipo que fue conformado por dos grupos de ocho personas y un coordinador. Monzón cancelaría otro 20 por ciento y el exdiputado por el PP Edgar Cristiani el otro 20 por ciento. A cambio del favor, Martínez solicitó a Baldetti que se lo retribuyera con contratos de seguridad en instituciones como el INDE, las portuarias y el IGSS.
Abogados tratan de negociar
Juan Carlos Monzón aseguró en esa ampliación de declaración que desde que supo de las capturas por el caso La Línea, el 16 de abril de 2015, tuvo la intención de entregarle toda la información a la FECI. Relata que los abogados Jonthan Altalef y Byron Acevedo, contactaron a su esposa con el argumento de que tenían un contacto en la Embajada de Estados Unidos para que él diera la información sobre el caso.
“Por lo cual me cobrarían US$6 millones, cinco para la Embajada y un millón para ellos. Estos abogados se acercaron a mi esposa por solicitud de Daniela Beltranena. Se efectuaron dos reuniones, una en la capital y otra en La Antigua Guatemala a las que fue mi esposa, quien se negó a pagar esa cantidad”, dijo Monzón.
“La televisión” del TSE
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En la página 20 de las 216 que cuenta la declaración testimonial de Juan Carlos Monzón, este habla sobre la instrucción que le dio Baldetti de ir una vez por semana a recoger una computadora que denominaron como “la televisión”, la cual le sería entregada en un edificio de apartamentos ubicado en la zona 10, “frente al antiguo Centro Médico Militar”.
En 2011, “Roxana me dijo: ‘mirá vos acompañame, vamos a ir a traer una televisión’. ‘A vaya’ le dije yo, ‘y todas las semanas vas a venir a traer esta televisión oíste’”, relata Monzón. En el cuarto nivel de ese edificio de la zona 10 vivía, según Monzón, la Chiqui’, que era como llamaba Baldetti a María Eugenia Villagrán.
“Te van a entregar una computadora (la televisión), vas a ir a la casa de la Chiqui, y yo: ‘¿quién es la Chiqui?’. ‘La presidenta del Tribunal Supremo Electoral hombre, María Eugenia o te la entrega ella o te lo entrega su marido’… y quien me entregó la supuesta televisión era el general Letona Hora, que ahora yo sé que él es esposo de la que ahora es Procuradora General de la Nación”.
Más adelante, Monzón describe que al entregarle “la tele” al coronel Chavarría, en la reunión del comando de campaña del PP, este le explicó cuál era la información que se trasladaba en la computadora portátil.
“‘Mire mi coronel le dije’, aquí está la computadora, entonces de shute: ‘va ¿mire y qué es?’, él me respondió: ‘es toda la información del Tribunal Supremo Electoral, el padrón y todas las actualizaciones y allí miramos todo y comparamos la base de ellos con la base de nosotros’”, detalló Monzón.
Villagrán fue nombrada como procuradora general de la Nación por Otto Pérez Molina en diciembre de 2012, al dejar la Presidencia del TSE. Renunció al cargo días después que el MP revelara el caso conocido como TCQ, según ella por haber recibido amenazas de muerte.
Las bolsas solidarias sin votos
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Una semana antes de las elecciones de segunda vuelta, en 2011, Juan Carlos Monzón recibió una orden de Roxana Baldetti: tenía que reunirse con líderes comunitarios –Benedicto Cuc y otro llamado Pascual, recuerda– quienes lo llevarían a Alta Verapaz, Quiché, San Marcos y Quetzaltenango. Las cifras los dejaban en segundo lugar en las elecciones de 2011, frente al Partido Lider al que se habían sumado la UNE y otros agrupaciones políticas. “Allí estamos mal porque allí está fuerte la bolsa solidaria”, le dijo Baldetti a Monzón sobre los departamentos elegidos. El Partido Patriota había conseguido los nombres de quienes manejaban la distribución del programa Bolsa Solidaria.
“Te van a decir (Pascual y Benedicto) con cuánto se compran a estos señores para que no hagan llegar a votar el día de las elecciones a las personas beneficiarias”. El plan de Baldetti y Pérez requería ganar las elecciones a toda costa. Así que Monzón se fue a San Marcos con un millón de quetzales para entregar a las personas que le señalaran los líderes comunitarios. Una vez entregado el dinero, Monzón daba las instrucciones: no movilizar a la gente. “No se preocupe, voy a atrasar los buses”, respondió uno de los encargados.
Todo esto, a tres o cuatro días de la segunda vuelta y con un presupuesto de entre Q5 millones y Q6 millones. Monzón señaló que su gira lo llevó a Quiché, donde uno de los operadores no quería reunirse con él porque un helicóptero de Lider acababa de llegar. Salió el hombre y luego de recibir Q300 mil, dijo “con mucho gusto no los llevo a votar”. Entre los contactos que llevaban a Monzón con los encargados, estuvo el hijo del diputado Armando Paniagua en Quetzaltenango y en Cobán estuvo el actual diputado por FCN, Rudy Pereira.
Según Monzón, Pereira fue quien cobró el pago de US$150 mil para que una mujer, la encargada de la distribución de la bolsa solidaria, evitara que los beneficiarios fueran a votar. De acuerdo a Monzón el dinero se lo entregó la misma Baldetti en la casa de campaña del partido. “Esa fue una de las últimas actividades de manejar dinero y todo lo que yo hice durante la campaña”.
Por un sindicato magisterial afín
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El PP, desde que ganó las elecciones, sabía que el poder de convocatoria de Joviel Acevedo podía desestabilizar su gobierno con marchas y manifestaciones de miles de maestros. Así que de antemano Baldetti tomó la decisión de acercarse al líder magisterial y hacer un convenio: a cambio de comisiones, el dirigente sindical sería afín al gobierno y no causaría problemas. En 2015, según documentos, se destinaron Q425 mil 321.48 para remodelar la Casa del Maestro, esto como parte del “convenio” entre la vicepresidenta y Acevedo.
Ubicada en la 4a. avenida y 6a. calle de la zona 1, la propiedad del sindicato de educadores recibió desde cubos de pintura, hasta 50 camas imperiales, así como insumos de limpieza, “una sala de recámara”, sábanas, una televisión y un frigobar. Pero la remodelación estuvo a cargo de la empresa Representaciones Alliancee S.A. Esta compañía fue creada en 2006 y sus fundadores son Cinthia Michelle Palacios Orellana, perito contadora de 23 años, y Gregorio Ismael Gramajo, contador de una empresa constructora. Inversiones Alliancee también está relacionada con un inmueble de Baldetti.
Las investigaciones determinaron que Alliancee está vinculada al constructor Raúl Osoy, presidente de Topsa, una de las mayores contratistas del Estado. “Raúl Osoy se hizo cargo de la remodelación”, señala Monzón. A la fecha, Osoy sigue prófugo por su supuesta implicación en el caso TCQ, ya que Monzón lo implica como uno de los intermediarios para entregar sobornos a dos de los sindicatos de la Empresa Portuaria Quetzal.
Durante los allanamientos del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los fiscales encontraron una serie de documentos en los que se detallaba que la empresa Alliancee tenía Q10 millones en su cuenta, de los cuales el MP aún está cuantificando cuánto se utilizó en la remodelación de la Casa del Maestro.
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