Esta semana se dieron a conocer un par de casos que tocan tangencialmente la corrupción que existe alrededor de la construcción de obra pública, lo que considero es una buena oportunidad —y mejor momento— para que muchos entiendan cómo esta se da. Espero que estos casos finalmente hagan que se empiece a investigar uno de los principales focos de corrupción desde hace muchísimos años: la construcción de carreteras de cartón.
Primero fue el caso de la ampliación de la carretera de Cocales a México. La noticia fue que la constructora brasileña Odebrecht no terminaría esa obra. Entre los detalles nos enteramos de que ya se gastaron alrededor del 70 por ciento del presupuesto pero apenas llevan construido cerca del 30 por ciento. En pocas palabras, un sobrecosto de más del cien por ciento. Y la solución que proponen es simplemente que se amplíe el presupuesto para incluir esa duplicación de los costos.
Esta duplicación del presupuesto es un claro abuso por medio del cual alguien se compromete contractualmente a realizar algo y luego se arrepiente, argumentando que se equivocó, pero quiere que sean los demás los que carguen con su error. Es decir, ellos se equivocaron y que los demás paguen. Eso es inaceptable y, si se aprueba, será pura corrupción.
Lo que muchos no saben es que ese abuso no es la excepción sino la regla en muchas contrataciones de obra pública. Es común que se haga un contrato por, digamos, Q100 millones y luego los representantes de la constructora y los funcionarios del Micivi lleguen a un “acuerdo” para incrementarlo a Q200 o Q250 millones. El secreto aquí es que quizás —porque no siempre— para la contratación inicial hubo algún tipo de competencia por parte de otras constructoras, pero en las famosas ampliaciones ya no lo hay.
¿Se imagina la corrupción que se puede dar en esas dichosas ampliaciones? Y eso sin tomar en cuenta que en la mayor parte de las contrataciones originales ya hay un porcentaje de corrupción.
El otro caso fue el presentado ayer, en que se capturó a los representantes de varias constructoras acusados de haberles dado dinero a los candidatos del PP durante su campaña política para que luego, ya estando ellos en el poder, les dieran contratos de construcción, cosa que también es muy común en el mundillo político y de “contratistas”de Guatemala.
Pero dije que estos casos solo tocaban tangencialmente la corrupción en la obra pública, porque en el caso de Odebrecht no solo no hay una acusación, sino además hasta el actual ministro ya dejó entrever que podrían autorizar la ampliación del presupuesto. Y en el caso del financiamiento, es una acusación indirecta que no llega al meollo del asunto.
Lo que necesitamos es que investiguen directamente la corrupción que se da en la mayoría de contrataciones de construcción de obra pública. Lo mismo ocurre en casi todas las compras que se hacen en el Gobierno, pero el caso de las carreteras es uno de los más significativos, por ser uno de los principales rubros de gasto en todos los presupuestos.
Las consecuencias de esta corrupción las pagamos todos. Las pagamos con nuestros impuestos, porque hasta el último centavo que se gastan en el Gobierno sale de nuestros bolsillos. Pero las pagamos también con la infraestructura deficiente que existe en buena parte del país, que también es resultado de esta corrupción. Pagamos las carreteras a precio de Autobahn pero las construyen de manera tan deficiente que a las primeras lluvias se llenan de baches y se caen los puentes. Y al poco tiempo resulta que se tienen que volver a hacer, incrementándose el costo de la infraestructura casi al infinito. ¡No es de extrañar que el dinero no les alcance!
Seguimos a la espera de las investigaciones y acusaciones de corrupción en el gasto público.
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