Hace unas semanas el gobierno anunció que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) recibiría su cuota presupuestaria completa para el segundo trimestre del año (abril-junio), equivalente a Q1,272 millones. A quienes nos preocupa genuinamente la desatención que vive la población nos alegró mucho esa noticia. Aun sabiendo que ese monto no es suficiente para resolver la crisis coyuntural, bien administrado, sí representa una buena oportunidad para que el MSPAS comience a salir del fondo del pozo.
Hubiera sido fantástico que el anuncio sobre la plata se hubiera acompañado aunque sea de una breve descripción de parte del MSPAS acerca de cuáles serían los criterios para asignar esos fondos. Este no es un tema menor, tampoco una exquisitez tecnocrática: el MSPAS tiene 84 unidades ejecutoras en todo el país. ¿Cómo deciden cuánto dar a cada una, especialmente cuando la crisis de desabastecimiento es generalizada?
Si bien las carencias de los dos grandes hospitales de referencia nacional —San Juan de Dios y Roosevelt— fueron el centro de atención de los medios de comunicación, el desabastecimiento se vive intensamente en todo el sistema público de salud del país. ¿A quién se da prioridad en el gasto y por qué? Una nota periodística del 22 de mayo, publicada en un medio impreso, dio algunas pinceladas al respecto. Como quedé espeluznada, me puse a investigar.
El 43% de los fondos es para salarios y gastos administrativos. No está tan mal, considerando que la prestación de servicios de salud es intensiva en recurso humano (solo esperemos que la mayoría no sea, nuevamente, personal administrativo).
El 57% restante (Q725 millones) se distribuyó entre las 84 unidades ejecutoras del MSPAS y servirá para comprar la gama de insumos médicos, tecnología y suministros que se requiere para brindar atención a la población. Q200 millones quedaron para los hospitales de referencia nacional. No obstante, apabullan las disparidades entre unidades ejecutoras de la misma categoría y nivel de necesidad: San Juan de Dios, Q112 millones; Roosevelt, Q84 millones. ¿Sería acaso el criterio de prioridad detener primero la crisis política y mediática?
Quedaron Q525 millones para cubrir el resto del país: otros 42 hospitales y más de 1,200 puestos y centros de Salud, más las direcciones de área, laboratorios, etc. Solo me referiré a las asignaciones a hospitales, por razones de espacio. ¡El hospital centro de referencia por excelencia para todo el altiplano occidental tiene asignados cuatro veces menos fondos que el San Juan de Dios! Pero a otro “hospital nacional”, en Huehuetenango, solo le dieron Q185 mil para el trimestre. Hasta el Cementerio General tiene una mayor asignación de fondos.
¿Y el oriente? ¡No vaya a pensar que está privilegiado! ¿Hospital de Zacapa, Q283,000.00; pero a Chiquimula le dan Q1,018,000?; mientras tanto, en Jutiapa, le dan al hospital Q17,983 millones, pero a Jalapa solo Q1,169,000. Ciertamente, cada territorio y entidad tiene necesidades diferentes, pero los contrastes de asignación son demasiado fuertes y no guardan un patrón coherente a simple vista.
La manera en que las autoridades toman decisiones sobre el destino de los recursos es una de las áreas más opacas que tiene toda la gestión pública. No es corrupción, pero, como vemos en esta somera descripción, a veces las decisiones van en contra del discurso de abatir la pobreza y la exclusión en salud, no digamos si pensamos en la desnutrición. Por supuesto, no es solo un problema del MSPAS; es un mal de Estado que hay que corregir.
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