La constructora brasileña Norberto Odebrecht, encargada de la obra, habría notificado al Ministerio de Comunicaciones que el 4 de junio suspenderá los trabajos de rehabilitación y ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera de Cocales, Suchitepéquez, a Tecún Umán, San Marcos. La empresa entregará apenas 46 de los 140 kilómetros contratados, un tercio de la obra total, en la cual se ejecutaron US$275.7 millones de los US$384.3 millones pactados.
El 5 de mayo de 2013, el presidente Otto Pérez subido sobre una excavadora, inauguró los trabajos de rehabilitación y ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera que conduce de Cocales, Suchitepéquez, a la frontera con México.
La obra fue adjudicada a la constructora brasileña Norberto Odebrecht, la cual se comprometió a concluir los trabajos en un plazo de 36 meses, que vencen el 24 de junio próximo, a un costo de US$384.3 millones, financiados con dos préstamos otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ambos aprobados por el Congreso de la República en octubre de 2012.
Tres años después, la realidad es otra. Los conductores que transitan por la carretera que tendría que estar concluida el próximo 24 de junio, tienen que esquivar los incontables cráteres que abundan en dicho tramo para no dañar sus vehículos y exponerse a sufrir accidentes que puedan costarles la vida.
A la fecha, Odebrecht solo ha trabajado 46 de los 140 kilómetros (un 32 por ciento de la obra) aunque la ejecución financiera suma US$275.7 millones (un 71 por ciento del presupuesto). Pese a lo incompleto de la obra, la empresa notificó la semana pasada al Ministerio de Comunicaciones la suspensión de la misma.
El BNDES, que aportaría un crédito de US$280 millones para construir la carretera, suspendió los desembolsos a Guatemala desde 2015; se ignora si esto tiene relación con el escándalo de corrupción que involucra a Odebrecht y las mayores constructoras de Brasil, de haberse beneficiado de millonarios contratos con la petrolera estatal Petrobras mediante el pago de sobornos a sus directivos.
Por este caso, Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora y uno de los hombres más ricos de Brasil, fue condenado en marzo pasado a 19 años y cuatro meses de cárcel por cohecho pasivo, lavado de dinero y asociación para delinquir por pagar US$30 millones en sobornos para obtener contratos. Odebrecht está en prisión desde junio de 2015 y en diciembre pasado renunció a su cargo en la empresa.
“Nos estamos dando cuenta”
En el Ministerio de Comunicaciones nadie da respuesta por el atraso de la obra que fue dividida en tres subtramos: El primero de 48.64 kilómetros, que va de Cocales a Mazatenango; el segundo de 42.9 kilómetros, que va de Mazatenango al puente Carmen de Mirón en Colomba, Costa Cuca; y el tercer tramo de 48.9 kilómetros, que va de Colomba, Costa Cuca, hasta Tecún Umán, San Marcos.
elPeriódico intentó entrevistar a Aldo García, ministro de Comunicaciones, sobre la situación del proyecto pero no fue posible; su vocera, Vicky Castillo, indicó que el funcionario tenía muy ocupada su agenda y que trataría de concertar una reunión con la Viceministra de Infraestructura y/o el Director General de Caminos, para hablar sobre el tema, pero esta reunión no se concretó.
La única explicación que ha dado el ministro García fue durante una citación que le hicieron los diputados Francisco Tambriz y Luis Rabbé, el miércoles pasado. Al ser cuestionado sobre la ampliación de la carretera, García respondió: “nos estamos dando cuenta que el dinero que estaba previsto para llegar hasta Tecún Umán, ahora solo va a alcanzar para el tramo 1”.
Según proyecciones del mismo Ministerio de Comunicaciones, Odebrecht apura los trabajos para entregar 33 kilómetros del tramo 1 (68 por ciento); del tramo 2 solo hay 3 kilómetros (siete por ciento); y del tramo 3 hay avance en 10 kilómetros (20 por ciento).
Contrato con condiciones desfavorables
Aunque las autoridades del Ministerio de Comunicaciones aún no dan explicaciones sobre las causas del alto costo de la obra, los contratos a los que elPeriódico tuvo acceso dan cuenta de algunas cláusulas desfavorables.
Debido a las condiciones del financiamiento con el BNDES, el contrato con Odebrecht se gestionó en dólares, y no en quetzales, como la mayoría de contratos que ha suscrito el Ministerio de Comunicaciones con las constructoras nacionales.
El presupuesto del contrato se basó en el Catálogo de Renglones y Precios Unitarios de referencia de Proyectos de Rehabilitación y Mantenimiento de carreteras emitido en junio de 2010 por el Ministerio de Comunicaciones y la Cámara Guatemalteca de la Construcción, cuyos precios fueron convertidos en quetzales a dólares estadounidenses a una tasa de cambio de Q8 por US$1; el contrato también establecía una indexación de precios por la inflación en dicha moneda y no en quetzales.
Otra de las condiciones del crédito suscrito entre el ex Ministro de Finanzas Públicas, Pável Centeno, y el BNDES, establecía que serviría para financiar exclusivamente empresas y bienes originarios de Brasil, por lo cual no podían utilizarse bienes nacionales, una condición que encarecía los costos.
Por otra parte, gastos indirectos como el costo de los campamentos o el transporte de los materiales, no fueron incluidos en el precio de referencia unitarios por renglones, costos que usualmente asumen los constructores locales.
En suma, todo esto provocó que el costo por kilómetro construido se incrementara sensiblemente. El presupuesto del primer tramo varió de los US$127.5 millones originales pactados en el contrato con Odebrecht hasta los US$222.5 millones, de los cuales ya se ejecutaron US$158 millones.
Estos incrementos se realizaron en perjuicio de lo asignado a los tramos 2 y 3 que se redujo. Es decir, que el financiamiento solo alcanzaría para concluir el tramo 1.
El costo del kilómetro del tramo 1 se incrementó de US$3 millones a US$7.6 millones, casi el doble del costo de otras obras como la ampliación a cuatro carriles de Guatemala a El Rancho, cuyo costo por kilómetro fue US$4.2 millones.
Obra financiada con deuda
La ampliación de Cocales a Tecún Umán fue financiada exclusivamente con deuda mediante dos financiamientos con el BCIE por US$119.8 millones y US$280 millones con el BNDES, aprobados por el Congreso el 11 de octubre de 2012.
Es decir, que carecía de una contrapartida local. Estos financiamientos establecen que deberán empezar a cancelarse en un plazo determinado.
En el caso del BNDES, el monto principal de la deuda deberá amortizarse en 24 cuotas semestrales y consecutivas a partir del cuadragésimo segundo mes a contar desde la fecha de declaración de eficacia del contrato. Los intereses el crédito deberán ser cancelados en 30 cuotas semestrales y consecutivas.
Mientras que en el de BCIE, el préstamo debe amortizarse en un lapso de 20 años con un periodo de gracia hasta de 42 meses contados a partir del primer desembolso. La tasa de interés de referencia era 5.90 por ciento anual a la firma del contrato.
De acuerdo con las cláusulas del contrato, el préstamo con el banco brasileño debería empezar a cancelarse a partir del presente año. Hasta el momento se desconoce de alguna acción planteada por el Ministerio de Comunicaciones para defender los intereses nacionales y rescindir el contrato con Odebrecht.
El gigante de la construcción y los sobornos
Norberto Odebrecht es la mayor constructora de Brasil y de Latinoamérica. Marcelo Odebrecht, heredero y ex presidente de la constructora familiar, fue sentenciado en marzo pasado a 19 años y cuatro meses de prisión a causa que se le vinculó a distintos actos de corrupción por el caso Petrobras, Brasil.
El dirigente de la empresa fue condenado por cohecho pasivo, asociación para delinquir y lavado de dinero. La compañía pagó entre 2010 y 2011 al menos US$30 millones en sobornos a exdirectivos de la petrolera. Según dictó el juez, la coima fue pagada para comprar la lealtad de los funcionarios de Petrobras y garantizar así la sobrevaloración de los contratos.
La influencia de Odebrecht se extiende por toda Latinoamérica, desde la Patagonia donde construyó una central hidroeléctrica, hasta México donde estuvo a cargo de un complejo petroquímico. De la misma manera como sucedió con el tramo carretero en Guatemala, la mayoría de proyectos construidos fuera de Brasil eran financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
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