Nuevo revés a políticos locales

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A pesar de las recientes tropelías cometidas por el Congreso en la discusión de reformas al régimen de partidos y elecciones, el Tribunal Supremo Electoral asestó ayer un nuevo golpe de autoridad, con la revocatoria de la toma de posesión de 11 alcaldes y un concejal que habían asumido el pasado 14 de enero. Ahora quedan fuera del cargo por haber sido contratistas del Estado, lo que fue tipificado como fraude de ley y, por ende, lo conseguido en las urnas por estos políticos carecía de validez.


Esta decisión constituye un rotundo revés para quienes pretenden jugarles la vuelta a las normas, como uno de los males recurrentes en la práctica política nacional y que forma parte de la marea de irregularidades en que incurren quienes acceden al poder, que no lo ven como una responsabilidad delegada por el pueblo, sino como un cheque en blanco que convierten en malversación de recursos, abuso de poder y manipulación en el manejo de la obra pública, para su beneficio y el de sus allegados.

La valiente actitud asumida por los magistrados del TSE debe ser aplaudida porque ese es el tipo de acciones que realmente contribuyen a depurar un sistema político que se resiste a cambiar. Una muestra de ello es el manipuleo que hicieron decenas de diputados que votaron a favor de reformas a la Ley Electoral que reducían el poder de la autoridad electoral y desecharon cambios que combatían el nepotismo y otras prácticas clientelares que carcomen al sistema democrático.

En el caso presente, el TSE no hizo más que evaluar las evidencias y darle cumplimiento a lo que establece el Código Municipal, que en su artículo 45 claramente indica que no pueden asumir la Alcaldía quienes sean contratistas del Estado, y las indagaciones llevaron a constatar que los ahora exfuncionarios tienen un historial debidamente documentado en el que empresas ligadas a ellos aparecen favorecidas con múltiples contratos.

Algunos de estos comerciantes devenidos en alcaldes incluso aparecen con contratos que ascienden a varios millones, y por eso es que adquiere relevancia la decisión asumida por el TSE, porque vuelve a aplicar el artículo constitucional referente a la idoneidad para asumir cargos públicos. Una norma que debe tener precisamente ese tipo de interpretaciones valientes y de conciencia para sentar precedentes y plantar cara a las estratagemas de los políticos, entre quienes figuran incluso integrantes de la bancada oficialista.

Uno de los mayores lastres para el sistema político nacional es que muchos funcionarios y políticos se aprovechan de las debilidades de este y de los intersticios de la ley. Se creen muy astutos para burlar las limitaciones impuestas a través de subterfugios, legalismos y reclamación de derechos, pese a que no cumplen con su obligación ética de comportarse con probidad y corrección.

En esta cruzada por la dignidad, es menester que otras instituciones fiscalizadoras como la Contraloría General de Cuentas cumplan con mayor responsabilidad su papel, porque esto conlleva el beneficio de que más funcionarios mediten sobre sus actos.

Publicado por www.prensalibre.com el 15 de Marzo 2016 por Editorial
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