La elección de magistrados para integrar la Corte de Constitucionalidad salió mal. Las cinco instancias no cumplieron lo esperado. Su función era proponer a los mejores profesionales del Derecho con suficiente expertise constitucional, vida intachable, dotados de idoneidad, con temple para resistir las tempestades y experiencias de vida digna para integrar el máximo órgano de control constitucional.
Las designadoras ni siquiera sirvieron de filtros. Su cedazo no fue fino. Por el contrario, a pesar del formalismo de utilizar como marco la Ley de Comisiones de Postulación, solo acomodaron las condiciones para elegir sobre la base de criterios no escritos, fijados con antelación y bajo supuestos que priorizaron la misma apuesta de las designaciones anteriores: colocar alfiles para anticiparse a decisiones vistas desde el lente de los intereses particulares. De allí que al menos tres de los magistrados titulares lleguen a la CC en condiciones de cuestionados, a quienes les queda demarcarse o confirmar las dudas en las primeras decisiones que tengan por delante. Las posibilidades que una vez sentados en el Pleno quieran cambiar de ropajes, depende de la observancia ciudadana que funcione a partir de su toma de posesión, así como del análisis de sus resoluciones. Pero también que los casos de corrupción, presentes y futuros, develados por MP y CICIG, dejen inoperantes otras redes y generen una oleada para que operadores abandonen sus misiones y se declaren independientes.
Las recientes designaciones dejan lecciones positivas. En el Colegio de Abogados es posible enfrentar a los grupos tradicionales e incluso se les puede ganar en terrenos hostiles. La designación de la Magistrada María Cristina Fernández es una noticia alentadora.
El escrutinio público ha sido fuerte, más noticioso y poco analítico; pero capaz de evidenciar los intereses que están por detrás de varias de las escogencias. Esa mirada debe continuar, ahora con más precisión.
Queda develar el origen y montos del financiamiento utilizado. Esos recursos no salieron del voluntarismo ni de las buenas intenciones. En el caso del CANG, es evidente que el siguiente reto es reformar la Ley de Colegiación Profesional para crear controles y mecanismos que regulen los procederes durante las asambleas de los colegios profesionales, que han degenerado hasta llegar a ser festines de compra-venta de voluntades donde el conocimiento y debate de las propuestas es una deuda.
La peor nota se la lleva el Ejecutivo, no solo en razón del proceso opaco sino por las designaciones mismas. Frente a lo deseable, desentonó; frente a lo evidente, corroboró lo esperado.
No podemos anticipar que se perdió una nueva oportunidad. Eso dependerá de las decisiones de los nuevos inquilinos. Las sombras pesan, por de pronto. La CC debe ponerse al día y a tono de las nuevas corrientes de las instituciones públicas, en orden de los giros que la ciudadanía exige hace décadas y con mayor volumen, desde hace poco menos de un año. La principal exigencia es responder a la objetividad e imparcialidad, algo que la Corte ha perdido aceleradamente.
No Responses