Reforma política insuficiente

Como consta a la opinión pública, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió dictamen sobre la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que le remitió el Congreso.

En dicho dictamen se da luz verde, entre otras cuestiones, a: 1) Una fiscalización del financiamiento político privado más estricta; 2) Un número fijo de 160 diputados; 3) Que la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que debe elaborar la Comisión de Postulación se reduzca de 40 a 20; 4) La presidencia rotativa del TSE; 5) Que exista representación de minorías en los órganos directivos de los partidos; 6) El voto de los guatemaltecos en el extranjero en las elecciones presidenciales; 7) La diferenciación entre proselitismo y propaganda; 8) Fijar en dólares estadounidenses el financiamiento público, el límite de gastos de campaña, los aportes privados y las multas que imponga el TSE, aunque la moneda nacional es el Quetzal; 9) Dividir a la población guatemalteca en indígenas, ladinos y mestizos; 10) Que el voto nulo mayoritario invalide la elección; 11) La imposición de limitaciones a los diputados tránsfugas y la prohibición a los partidos de recibirlos durante los primeros tres años del periodo legislativo; 12) La postulación igualitaria de hombres y mujeres como candidatos; 13) La publicidad igualitaria y la prohibición a las organizaciones políticas de contratar directamente espacios en los medios de comunicación; 14) La separación entre voto en blanco y voto nulo; y 15) La prohibición de publicar encuestas ocho días antes de las elecciones.

La CC opinó en contra de: 1) Limitar la reelección de los diputados y miembros de los concejos municipales a un periodo; 2) La postulación de candidatos a diputados por comités cívicos; y 3) El empadronamiento a cargo del Registro Nacional de las Personas (Renap).

Sobre la opinión desfavorable a limitar la reelección de diputados y autoridades edilicias, debe tenerse presente que la ciudadanía rechaza enfáticamente la reelección indefinida de los diputados y alcaldes, sobre todo si se mantiene el sistema de elección plurinominal (por planillas). En cuanto a impedir que los comités cívicos electorales postulen candidatos a diputados, es hacerle el juego una vez más a la partidocracia e impedir que el sistema político electoral se oxigene y se nutra con la participación ciudadana y el pluralismo.

Quedan en el tintero temas cruciales como la reducción del número de diputados, la adopción del sistema de elección uninominal (competencia directa entre candidatos a título personal en distritos o subdistritos electorales), la celebración de elecciones primarias entre precandidatos en el seno de los partidos, la incorporación del referendo revocatorio para poner fin a mandatos de funcionarios ineficaces, tránsfugas y demás, así como la regulación de la publicidad oficial, que es personalista, discriminatoria y multimillonaria.

También debe reflexionarse sobre la renovación del 50 por ciento de los diputados a mitad del periodo presidencial y la supresión de la lista nacional de diputados.