El Estado paga defensa de acusado de corrupción

El todavía presidente del Banguat ingresa a la sala en silla de ruedas por una operación de apendicitis a la que fue sometido.

FOTO: CARLOS SEBASTIÁN

La noticia no es en sí la defensa estatal de un acusado. Todos los ciudadanos tienen derecho a una defensa y si no tienen fondos para costearla, el Estado les provee un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal. Para eso el Estado tiene un presupuesto y los abogados son del nivel que el Instituto puede costear. El caso de Julio Suárez y el Banco de Guatemala es ligeramente distinto.

El caso, que fue sacado a la luz pública por Nómada en febrero de 2015, inició con un grupo de pacientes renales que denunciaba a este medio y a la oenegé Acción Ciudadana un mal servicio con el cambio de compañía responsable de atenderlos. Desde el inicio, la adjudicación olía mal y era evidente que estaba dirigida a una empresa sin experiencia ni respaldo, que había ganado un contrato por Q116 millones (US$15 millones). Se convirtió en el caso más letal de corrupción del gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Según las escuchas telefónicas presentadas por el MP y la CICIG en la audiencia, hubo un soborno por Q18 millones para beneficiar a Droguerías Pisa, S.A.

Julio Suárez, el presidente del Banguat, está preso y siendo juzgado porque es parte de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que firmó y avaló el contrato.

Pero tiene más medios que cualquier ciudadano para su defensa. Abogados de mayor experiencia y más caros que los que podría darle el Instituto de la Defensa Pública. Abogados también pagados con los impuestos de los ciudadanos.

El origen legal es un artículo de la ley orgánica del Banco de Guatemala, que establece que los funcionarios y empleados del Banguat contra los que se planteen demandas por decisiones adoptadas dentro de sus funciones, tendrán derecho a una defensa penal. Habrá que ver si el espíritu de la ley incluye acusaciones del MP por corrupción, como ocurre con el todavía presidente del Banco –en prisión preventiva en la base militar Mariscal Zavala desde hace ocho meses–.

El caso es que desde el 1 de octubre, Suárez es defendido por los abogados Leonardo Hipólito Moreno Mérida y Vinicio Rafael García Pimentel. Moreno es el gerente jurídico del Banco de Guatemala y uno de los 11 asesores permanentes de la institución. Tiene un sueldo fijo dentro del Banco, de Q44 mil mensuales.

García Pimentel, en cambio, fue contratado como asesor externo para esta defensa. La página del Banco no especifica si tiene un sueldo de asesor jurídico básico, de Q20 mil. García Pimentel fue magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, ha sido asesor de la Municipalidad de Guatemala y fue tachado por la CICIG en el proceso de elección de Fiscal General en 2010.

En un receso de las audiencias de esta semana, en las que la jueza Silvia de León decidirá si envía a los 17 acusados a juicio, Nómada habló con Suárez.

–¿Considera legítimo que el Banco de Guatemala asuma su defensa?
– Por su puesto que es legítimo si estoy en el uso de mis funciones, respondió visiblemente molesto.

– ¿Va a renunciar a la presidencia del Banguat?
– No voy a renunciar. Según la ley, sólo una sentencia firme y ejecutada puede removerme del cargo.

– ¿Cuál es el monto de la inversión que el Banguat gasta en su defensa?
– Son como dos mil quetzales mensuales porque es un contrato que cubre a todos los miembros de la junta directiva y gerentes del Banguat.

La respuesta de Suárez no pudo ser verificada con la información del banco disponible en la web. Un asesor jurídico tiene un salario de Q20 mil y no aparece una asesoría jurídica específica para la defensa de funcionarios. Y estos Q2 mil no incluyen el salario fijo del gerente jurídico. El abogado Moreno tiene un sueldo de Q44 mil mensuales.

El asesor García Pimentel respondió que no cobra por la defensa en sí, “pues cobra directamente a la institución”. O sea, cobra al Banguat por defender a Suárez. Asegura que también hace otros estudios para el banco.

La estrategia de la defensa de Juárez es plantear que él pidió informes para saber si Pisa estaba cumpliendo el contrato que la Junta Directiva había autorizado. Una visita física al entonces hospital del Grupo Medax en donde estaban las oficinas de Pisa era suficiente para saber que era imposible que una empresa sin experiencia ni equipo ni oficina pudiera dar el servicio a 530 pacientes. Nómada denunció en febrero que ese contrato dejaba a 530 pacientes literalmente en peligro de muerte. 49 murieron en 2015. Desde las primeras 48 horas del cambio de proveedor empezaron a enfermar los primeros pacientes, dice la denuncia de CICIG y el MP.

– Cuando pedí informes, el doctor Vicente Sánchez Polo, el especialista en enfermedades renales, me contesta sí se cumple con todos los requisitos. Dijo que tuvo la oportunidad de hacer supervisiones a las instalaciones de Pisa y observó que sí cumplía. Pedí cifras y estadísticas y en la información que me traslada la Subgerencia de Transparencia e Integridad, que es la encargada de verificar que se cumplan los contratos, me indican que todo está mucho mejor que los servicios del año anterior, se defiende Suárez.

El próximo lunes, 8 de febrero, la jueza Silvia de León decidirá si la defensa planteada por Suárez –costeada con fondos públicos– tiene la razón y es separado del caso, o si tienen la razón el MP y la CICIG y continúa en el juicio por este soborno que costó la vida de 49 pacientes del IGSS.