Solo con leyes no se resuelven los problemas

No obstante, los diputados siguen aprobando más y más leyes, muchas de ellas repudiadas por la opinión pública y la ciudadanía, como los oscuros y abusivos endeudamientos, las desfinanciadas ampliaciones presupuestarias, las restricciones a la libertad de expresión de ideas y los gravosos y groseros impuestos, destinados a financiar burocratización y clientelismo político. Hasta quieren desengavetar ocurrencias.

Asimismo, abundan las iniciativas de ley con “mano cargada”, que ni siquiera se discuten (ni se guardan las formas), sino que son aprobadas de urgencia nacional en “cuestión de minutos”.

En todo caso, no es por medio de la emisión de nuevas normativas que se va a resolver la altísima conflictividad en la cual nos encontramos sumidos o la problemática socioeconómica en general. Lo que se necesita es que exista verdadera voluntad política para hacer funcionar las instituciones, con una visión estructural y de largo plazo, que se traduzca en estrategias, políticas, programas y fortalecimiento institucional.

Por otro lado, la emisión de decretos legislativos tampoco es la varita mágica que resuelve los problemas, ya que si así fuera, entonces, de un plumazo, podría acabarse con la pobreza, ponerle fin a la violencia, erradicar la impunidad, declarar la vigencia del pleno empleo o imponer la felicidad.

Por cierto, la gran mayoría de regulaciones en este país de impunidad no se cumplen ni se aplican. Por tanto, no se necesita que las regulaciones se sigan sustituyendo o modificando, sino que se hagan valer.

La inflación de leyes es tal en Guatemala que todo está prácticamente sobre regulado y hasta excesivamente regulado. Más bien, en vez de más leyes, deberían derogarse muchas de las normas vigentes, específicamente las antieconómicas, antitécnicas y antijurídicas, así como las que otorgan privilegios y ventajas, y también las que aseguran y encubren el desfalco de las arcas nacionales, mediante el uso discrecional y abusivo de los fondos públicos.

De cualquier manera, los diputados, en vez de legislar, deberían dedicarse a fiscalizar el uso de los fondos públicos, así como la eficacia fiscal. Sin embargo, la locura por legislar no para hasta que el pueblo diga alto, mediante el ejercicio del derecho de legítima resistencia contra la opresión.