Saquemos a los sindicatos del Estado

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Salarios hiperinflados de trabajadores del Congreso, Joviel Acevedo y pandilla marchando cuando el ciclo escolar ni siquiera ha cumplido una semana, pactos colectivos millonarios en el Ministerio de Salud.

¿Cuál es el denominador común de todos estos infortunios del surrealismo conocido como Guatemala? La aplicación del derecho laboral colectivo en el Estado. Y no es que esté en contra del derecho laboral en general (aunque sí creo que hay que hacerle reformas profundas), porque antaño las reivindicaciones de los trabajadores frente a sus patronos tuvieron razones justas, en las fábricas se les explotaba con largas jornadas y salarios magros, trabajaban en condiciones insalubres hombres, niños y mujeres embarazadas. La tolerancia de todo ser humano tiene límites, y cuando la vida se reduce a trabajar para subsistir, tarde o temprano la gente explota y se revela.

Pero las cosas en su lugar. La libertad sindical, la negociación colectiva con el patrono y el derecho de estallar la huelga, todas ellas podrán ser herramientas aplicables a la empresa privada, pero no al Estado. La huelga es una forma de coacción que tienen los trabadores reunidos en sindicato (porque la unión hace la fuerza) para mejorar sus  condiciones de trabajo frente a un patrono intransigente, y la lógica de su efectividad es una muy sencilla: si el patrono no tiene mano de obra, no produce; si no produce, quiebra; si quiebra, no tiene qué comer.

El empresario sabe muy bien que los sindicatos tienen el poder de lastimar lo que más cuidan, el bolsillo, y por lo tanto evitan el descontento de sus empleados. Pero es un juego de malabaristas el que tiene que practicar el empresario, porque tampoco puede ceder a todas las peticiones de los trabajadores. Si los salarios y bonos aumentan de manera desproporcionada, también está en riesgo de ir a la quiebra. El equilibrio entre patronos y trabajadores debe ir, pues, en relación con la productividad de la empresa.

En el Estado las cosas no funcionan así. Frente a los sindicatos públicos el patrono no pone en riesgo su patrimonio, porque las “conquistas” de los pactos colectivos, como el aumento anual del salario, salen del erario público no de su bolsillo. Y como los sindicatos forman un grupo de presión considerable y el patrono es un político, no un empresario, la lógica funciona de manera perversa: si el patrono no accede las peticiones del sindicato, los trabajadores se enojarán con él; si los trabajadores están enojados, perderá votos él o el partido que lo nombró; si pierde votos, se queda sin trabajo. Lo mismo sucede con la huelga: si el patrono suprime una huelga ilegal, los trabajadores se enojarán; si se enojan, ya no votan por él; si ya no votan por él, se queda sin trabajo. El resultado de todos estos incentivos perversos es inevitablemente la proliferación de pactos colectivos desmesurados, las constantes marchas de los maestros y los paros del sector salud.

Pero permitir los sindicatos y la huelga en el Estado entraña un problema mayor. Por un lado, la filosofía detrás de la huelga es la posibilidad del cese total de actividades productivas. Por el otro, la filosofía de la existencia del Estado es el monopolio de la fuerza. La policía y los tribunales son servicios tan importantes y tan delicados que sólo los puede otorgar un proveedor, de haber un cese total en sus actividades por huelga, el ciudadano se quedaría sin seguridad y sin justicia. A inicios del siglo XX la policía de Boston se fue a la huelga, la anarquía sobrevino en instantes, y el entonces gobernador y futuro presidente, Calvin Coolidge, despidió a todos los huelguistas; el orden fue restaurado.

Cierto es que la seguridad y justicia forman parte de los servicios públicos esenciales y que  su derecho de huelga es tanto más limitado. Pero en el caso de los demás servicios que provee el Estado, surge otro problema. Como los abogados bien sabrán, una de las razones por las que el Estado se ocupa de brindar más servicios es el temor que tiene que éstos se dejen de prestar por cualquier razón. La idea de los servicios públicos es que estén a disposición del público de manera constante e ininterrumpida, pero recordemos que la finalidad de la huelga es, precisamente, interrumpir actividades. Vaya dilema.

Solucionar el problema que ha ocupado las portadas de los periódicos este 2016 implica una decisión radical: prohibir los sindicatos en el Estado. ¿Está de acuerdo?

Publicado el 22 de enero de 2016 en www.republicagt.com por Camilo Peña
http://www.republicagt.com/opinion/saquemos-a-los-sindicatos-del-estado/

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