Todo ciudadano tiene derecho a manifestar

El incidente llama la atención, más no sorprende. Es parte de una táctica de los grupos de derechos humanos que reclaman para ellos el más estricto respeto a su derecho de manifestar y hasta interrumpir las carreteras o tomar edificios públicos, pero que, tal y como lo evidencia este incidente, no dudan en provocar un conflicto que puede llegar a impredecibles consecuencias cuando ocurre una protesta tan válida como la de ellos.

Estos grupos y sus activistas permanentes han participado a sus anchas en varios eventos importantes para el país, al menos durante el 2015 y las manifestaciones contra el gobierno de Pérez Molina. Eso sí, a estas acciones populares no se les puede calificar como resultado de llamamientos de ningún grupo, al ser espontáneas. La calma y serenidad generalizadas y sin excepción provocaron que las autoridades no cayeran en el terrible error de colocar grupos financiados con dinero estatal en apoyo al gobierno, lo que hubiera desembocado en anarquía.

Poco bien hace al inestable clima imperante una actitud como la de estos grupos de activistas permanentes. El doble estándar para pedir respeto a sus protestas, pero no concederlo a sus adversarios ideológicos es un tema que llama a la reflexión de los ciudadanos porque se está abriendo la posibilidad de violencia. Una regla mínima de quienes exigen derechos y los utilizan, no pueden negar el mismo derecho a quienes piensan de manera distinta.

El contenido de fondo de la protesta de los familiares de los militares encarcelados la semana pasada es un tema que merece ser escuchado y respetado, como toda protesta. Pero bajo ninguna circunstancia obliga una reacción del poder Ejecutivo, ante cuya sede se produjo el incidente que los diarios reportaron ayer. El caso ya se encuentra en manos del organismo Judicial y sería, en todo caso y siguiendo el camino trazado por los activistas permanentes de derechos humanos, donde se debería buscar el mecanismo de presión para modificar la situación jurídica actual de las personas detenidas.

Presionar a los administradores de justicia es una práctica que se ha aceptado, aunque sea incorrecta. Se contaminan los juicios y se generan escenarios ajenos a lo jurídico, para producir resultados que luego se salen literalmente a vender ante los patrocinadores de los movimientos de presión, pintándolos como logros y éxitos en la promoción de justicia; sin duda, está contaminada por la amenaza y la presión de estos grupos.

Es preocupante el tema de los activistas de cualquier criterio y sus formas de intervenir en los fallos judiciales. De hecho la presión debe ser repudiada, sin importar el grupo que la genere. No se puede permitir que se contaminen de esa manera juicios del tipo e interés que sean; caso contrario, pronto los mareros en las salas de vista del organismo Judicial cuando sus compinches enfrenten la justicia del país.