Impuestos y gastos

¿Cuánto paga cada el contribuyente por la seguridad privada que lo obliga a procedimientos de registro y control en su casa por no tener una seguridad comunitaria o pública brindada por el Estado? ¿Cuánto de seguro médico, medicamentos o sanatorio privado por no poder contar con un buen sistema público de salud o de seguridad social?

Con justísima razón ¿quién gustoso se ofrece a pagar impuestos si se le obliga a utilizar colegios privados por carecer el Estado de una educación pública adecuada?

No tiene autoridad moral el Estado para pedir más impuestos si no garantiza carreteras en buen estado y si aun tributando las instituciones públicas ponen precio a todos sus trámites.

No se justifica hablar de más tributación cuando se descubren redes mafiosas en el ente recaudador, la SAT, o cuando no se rinden cuentas claras del crédito fiscal, de los fideicomisos, de los fondos privativos, de la deuda pública, del subsidio al transporte y del portentoso despilfarro en las portuarias.

Ni a pequeños ni a grandes contribuyentes se les puede pedir que paguen más impuestos cuando el destino de los tributos se reparte en un sinnúmero de entidades que no ofrecen un servicio de beneficio social, sino que son clientelares.

No se le puede pedir más impuestos a la gente para sostener organismos no prioritarios, sin ninguna función que sea esencial, como el Parlamento Centroamericano, donde se paga el sueldo, prestaciones, viáticos y tiempo ocioso, de 20 diputados. Peor aún, cuando la cuarta parte de esos impuestos va a corrupción.

El Estado ganaría autoridad moral para pedir impuestos si redujera los sueldos que sobrepasen los 30 mil quetzales mensuales. Los contribuyentes no regatearían pagar más IVA si se establecieran drásticas penas por corrupción, dependiendo del impacto social o el monto defraudado.

Por ejemplo, China, Singapur, Arabia Saudita, Tailandia, Indonesia, Malasia y Taiwán condenan con pena de muerte o cadena perpetua la posesión de drogas, dependiendo la cantidad.

La corrupción no es un delito de menor impacto que el tráfico de estupefacientes

Nadie podría oponerse en su buen juicio a pagar impuestos si la Contraloría General de Cuentas de la Nación, en lugar de perseguir a los empleados públicos imponiéndoles multas económicas por faltas administrativas menores o inexistentes, descubriera las grandes defraudaciones en las municipalidades y en otros renglones del presupuesto.

Todos estarían anuentes a tributar si se ajustaran las regalías a las hidroeléctricas, mineras, maquilas, empresas de telecomunicaciones, carreteras y petroleras.

El contribuyente estaría satisfecho si sus impuestos fueran a donde deben ir. Si se desmenuzara el presupuesto de gastos del país y se suprimieran privilegios y gastos superfluos. Pero, irónicamente, las instituciones ahorran y crean fondos privativos. ¿Por qué? No. No hay derecho.

“En Guatemala no tenemos una cultura en favor de los impuestos a causa de la corrupción que existe…”.