Violencia injustificable

Según las noticias del lugar, al menos seis personas más resultaron con heridas de diversa gravedad, en acontecimientos relacionados pero ocurridos en escenarios distintos del referido municipio.

Las vinculaciones políticas de estos deplorables hechos no pueden pasarse por alto, aun cuando se originen en una conflictividad de claras connotaciones locales y no sean, al parecer, atribuibles a líneas de conducta de los partidos, a los cuales pertenecen los principales protagonistas de los acontecimientos.

Conviene, no obstante, detenerse tanto en los componentes municipales de un conflicto que devino en tragedia, como en los grados de responsabilidad que pueda presumirse de parte de actores departamentales o nacionales.

Concepción es uno de los municipios más pobres del departamento de Sololá, con una población más bien reducida (unos siete mil habitantes) aunque con una densidad demográfica moderada (unas 167 personas por kilómetro cuadrado).

De acuerdo con la más reciente información disponible del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2013, la tasa de criminalidad en el municipio es más bien baja: de 15 hechos por 100 mil habitantes (versus, por ejemplo, 144 por 100 mil en el vecino municipio de Panajachel).

Estos datos ilustran la gravedad de lo ocurrido, en términos de la habitual convivencia pacífica del municipio, tanto más que el departamento de Sololá se cuenta entre aquellos con menor incidencia de muertes violentas en el país.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil, hasta agosto de 2015, en todo el departamento se habían registrado únicamente nueve homicidios, menos del 0.3 por ciento de los ocurridos en el país en los primeros ocho meses del año.

De las 18 personas fallecidas en el país a causa de linchamientos, únicamente una víctima se produjo en Sololá, en tanto que hasta el domingo no se había reportado ningún lesionado a causa de violencia tumultuaria en ese departamento.

El encono de la lucha por el poder local en Concepción, al parecer, no fue debidamente evaluado por las autoridades departamentales y nacionales, no obstante que hubo señales suficientes apuntando hacia un alto riesgo. Ahora, una vez más, a las autoridades nacionales corresponde hacer investigaciones sobre hechos consumados que, eventualmente, pudieron evitarse.

Nada hay que justifique la violencia fratricida, menos la política. El país aún debe aprender de su propia historia reciente, para no volver a tropezar con la misma piedra, como ocurrió el domingo en Concepción, Sololá.