Justicia y verdad para El Cambray II

¿Quién responderá penalmente por estas muertes? ¿Quién lo hará por las lesiones, los daños físicos y morales sufridos por los sobrevivientes? ¿Quién asumirá la responsabilidad legal por la destrucción y pérdida de bienes, muebles e inmuebles, de los habitantes de la colonia arrasada?

Tales son las preguntas que se abren luego del anuncio, hecho ayer por el Ministerio Público (MP), del inicio de una investigación dirigida a establecer las responsabilidades, personales e institucionales, en este caso.

“Vamos a establecer el grado de responsabilidad que se pudiese establecer (sic), de quién autorizó las obras en el lugar o si alguien no tomó las acciones oportunas para evitar la tragedia”, dijo Rottman Pérez, secretario de Política Criminal en el MP.

Este es un paso en la dirección correcta, cuyo significado debe subrayarse. Pero no puede quedar en silencio la preocupación que provoca saber que la tarea se asigna a la Agencia Fiscal en Santa Catarina Pinula, oficina que actualmente tiene suficiente trabajo con la labor asociada a la certificación de las defunciones.

Para que el anuncio del MP sea tomado en serio, la investigación debería correr a cargo de un Fiscal Especial, designado ex profeso y con el total respaldo político e institucional de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Pública, Thelma Aldana.

Si existe, por ejemplo, una Fiscalía Especial de Casos de Contrabando Aduanero y Caso Los Cigarreros, no habría razón para no crear una de ese rango para un asunto que, por su magnitud e impacto nacional, se constituye en un nuevo desafío
para el sistema de justicia guatemalteco.

Una semana después de la tragedia de El Cambray II, hay numerosas líneas de investigación que reclaman acciones urgentes, para evitar que se borren huellas y evadan responsabilidades.

Se señala a la municipalidad de Santa Catarina Pinula, pues con su conocimiento y tácito estímulo se pobló un paraje con alta vulnerabilidad, reiteradamente advertida por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

La sola revisión de los contribuyentes del Impuesto Único Sobre Inmuebles, por ejemplo, probaría la responsabilidad municipal en el poblamiento de un lugar inadecuado y peligroso.

Pero, además, hubo al menos una empresa lotificadora que lucró con la necesidad de vivienda de los habitantes del municipio, y de los emigrantes que llegaban a él. También cabe indagar en esa dirección.

Las reiteradas advertencias de la Conred, ¿la exoneran de responsabilidad institucional? Esta pregunta debe responderse, igualmente, de forma clara.

El Cambray II, reclama justicia y verdad.