Justicia para todos

De la justicia se dicen cosas hermosas y muy idealistas. Se dice que la justicia debe ser pronta y cumplida. Que justicia lenta no es justicia. Que no hay paz sin justicia. Tampoco democracia. En la realidad, la justicia no pasa de ser la búsqueda de una meta incumplida, porque no obstante ser determinante en una convivencia social, la justicia es una telaraña donde caen las moscas, pero no los elefantes. La justicia, dijo monseñor Óscar Arnulfo Romero, “es como las serpientes. Solo muerde a los que están descalzos”.

Se ha supuesto en todos los tiempos y lugares que la justicia sea aplicada de forma imparcial, independiente y honesta. En Guatemala, la Constitución de la República establece con todo derecho que, frente a la ley, todos los ciudadanos son iguales. Sin embargo, la justicia en Guatemala ha funcionado en forma desigual, afectada por la descomposición que corroe todo el tejido político, económico, social, académico, sindical y religioso.

Los últimos acontecimientos han destapado una especie de caja de Pandora. Los males apenas emergen, pero no se sabe si saldrán todos. Ojalá así fuera, pero se necesita una depuración en todos los órdenes. La factura la están pagando algunos políticos y últimamente jueces y magistrados envueltos en enriquecimiento ilícito, prevaricato, cohecho pasivo, tráfico de influencias y otros ilícitos. Gracias a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), los casos se están denunciando y sancionando, con el apoyo de valientes jueces y las autoridades del Ministerio Público. Pero falta mucho.

La cadena de justicia está hartamente contaminada. Hablamos de la Policía Nacional Civil, el propio Ministerio Público, y naturalmente la administración de justicia. Sobre todo, en la provincia. Hay pueblos donde los poderes institucionales están cooptados por los caciques y las autoridades locales, incluyendo al Tribunal Supremo Electoral y en algunos casos a los delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Estas instituciones deben investigarse y depurarse internamente.

Es de suma importancia que los jueces y magistrados sean investigados, para que efectivamente le cumplan a los ciudadanos en el sentido que todos somos iguales ante la ley. No más privilegios. Es grave para una sociedad que haya un régimen con excepciones y discrecionalidades. Eso rompe el Estado de derecho y destruye la democracia.

La deshonestidad en el poder judicial siembra impunidad. ¿Quién vigila a los jueces? La captura de dos juezas y un magistrado es inédita, aunque debe verse como un hecho normal, con base en lo que dicta nuestra Constitución: “Nadie es superior a la ley”. Ni militares, ni empresarios, ni curas, ni pastores, ni sindicalistas, mucho menos, jueces y magistrados que son responsables de impartir justicia. ¿Qué es justicia? Que a cada quien se le respeten sus derechos. Sancionar a quienes quebrantan la ley. Pero aquí la justicia todavía agarra solo a las sardinas, no a los tiburones. El ideal de la justicia hay que perseguirlo hasta que sea realidad.