Congreso: no más centro de negocios

Se trata de cuatro miembros del partido Lider, cuatro integrantes del partido UNE y uno de la UCN. Algunos de ellos como Julio Antonio Juárez Ramírez, del partido Lider quien entre el 2005 y 2011 tuvo contratos por el monto de Q111 millones; o como Josué Edmundo Lemus Cifuentes del partido UNE quien del 2006 al 2014 logró 167 contratos por Q58 millones y Milton Francisco Guerra Calderón, de la UCN, quien del 2005 al 2014 logró 164 contratos con el Estado por un monto de Q152 millones. Tan solo unos ejemplos.

Para completar la visión es necesario resaltar los casos de los diputados reelectos que han hecho de ese resquicio, su más amplio nicho de enriquecimiento. Que el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado instruya que: “No podrán cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado los servidores públicos o trabajadores públicos de los Organismos de Estado, sus entidades descentralizadas o autónomas…”. Es letra muerta e ignorada en ese recinto.

De la misma forma que la CICIG, el Ministerio Público y los Tribunales han realizado un trabajo acucioso y eficiente sacando a luz los fangos de la corrupción gubernamental, con ese mismo rigor deben empeñarse en someter a los dictados de la ley al buen número de diputados, electos o reelectos que succionado el presupuesto del Estado, por doble canal, han convertido ese Organismo en su oportuno reducto para traficar sin que hasta hoy, alguna institución de control o de justicia les haya marcado un ¡alto! rotundo.

La época del tráfico de influencias que, como un monstruo de varias cabezas, copa voluntades y sentencias debe terminar y, para ello, todas las instituciones implicadas en sancionarlo deben trabajar, estos días, para sanear la esencia que a algunos partidos moviliza. La época en que en el Congreso se dispone del manejo de millones para favorecer empresas de diputados debe ser borrada. La época en que los partidos políticos, con oscuros intereses se reparten cuotas del manejo del Presupuesto Nacional favoreciendo al de turno debe ser perseguida. Esa indigna corrupción oculta en el entramado de los dictámenes de las comisiones específicas debe terminar.

La limpieza de la corrupción, dentro del Estado, debe ser pareja y global. El Congreso de la República, como se demostró los dos últimos años, con escasas excepciones, fue convertido en una infraestructura de falsedades, en un mercado al mejor postor, en un lugar donde se sacrificó la promulgación de leyes importantísimas para el desarrollo del país, a cambio de espectáculos de la más baja categoría circense. Es oportuno sugerirles que estos cuatro meses que faltan cumplan con el trabajo que les pagamos y que no cumplieron: legislar, con rigor para que su propia historia no se repita. Sería una oportuna forma de disculparse con este noble pueblo.