Guatemala habló

Pues bien, ayer, esa Guatemala profunda habló de forma contundente: váyase señor Pérez Molina, renuncie, póngase a disposición de los órganos de justicia para responder a los graves cargos que hay en su contra.

De norte a sur, de oriente a occidente, en todo el territorio nacional se pudo medir hasta dónde el mensaje presidencial del 23 de agosto, reiterado anoche en una entrevista radiofónica, fue una afrenta a la nación.

Una estimación conservadora cifra en unas 100 mil, las personas que ayer salieron a manifestar en capital de la República, a quienes se suman los manifestantes en 16 de cabeceras departamentales. Decenas de pequeñas, medianas y grandes empresas se sumaron al paro nacional, por encima de la renuencia expresa de la organización cúpula del empresariado, la cual de este modo se vio desbordada por sus propias bases sociales.

Los tres días de manifestaciones populares tuvieron, así, una culminación verdaderamente histórica: una muestra inédita e irrefutable de una voluntad nacional, que trasciende las formalidades de la democracia de fachada, cuestionada también en las calles y en las plazas.

El que altos funcionarios de entidades del Estado, como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de los Derechos Humanos se sumen a la recomendación de que el presidente abandone el cargo, es una señal de la profundización de la crisis institucional.

Pero la intransigencia de Pérez Molina, su arrogante renuencia a dimitir, no solamente está cavando la sepultura de su gobierno fallido, el cual intenta recomponer tras la renuncia de gran parte de su gabinete. Lo que no alcanzan a ver, él y sus erráticos consejeros, es que su tozudez está arrastrando consigo a la ya deteriorada credibilidad del sistema político.

En efecto, ayer mismo, Pérez Molina mostró parte de su juego: hay que esperar a las elecciones generales, dijo. Parece apostar a que la indignación social se diluya con los comicios del 6 de septiembre, sin advertir que movilizaciones como la de ayer están engrosando las filas del escepticismo ciudadano.

Establecida ya la comisión parlamentaria encargada de dictaminar sobre la solicitud de retiro del derecho de antejuicio a Pérez Molina, se traslada ahora una brasa al Congreso de la República, un poder del Estado tan cuestionado y deslegitimado como el Ejecutivo.

Es allí donde, tanto Pérez Molina como sus poco ocultos aliados políticos, cometen un grave error de cálculo: si el pueblo confirma que en el Congreso de la República únicamente se está tratando de burlar nuevamente su voluntad soberana, se alimentará un clima de mayor ingobernabilidad.

Y en esas condiciones, con un pueblo indignado en las calles, no hay certeza de que pueda haber elecciones creíbles, capaces de desmontar la bomba cebada por la intransigencia presidencial.