Contraloría confirma sobrevaloración de cámaras en MINGOB

El Ministerio de Gobernación (MINGOB) suscribió siete contratos de arrendamientos de sistemas de videovigilancia que según la investigación hecha por Republica.gt representan una sobrevaloración de Q184.7 millones. A raíz de las constantes denuncias y por la investigación publicada, la Contraloría General de Cuentas (CGC)  se vio obligada a realizar la auditoria correspondiente confirmando la sobrevaloración de los contratos de la Cartera del Interior.

Por estas anomalías presentadas en los contratos de arrendamiento de las cámaras de videovigilancia, la CGC presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, por sobrevaloración del sistema de cámaras de videovigilancia.

La CGC, interpuso una denuncia por encontrar indicios de sobrevaloración en las cámaras arrendadas, contratos aprobados durante la administración de López Bonilla frente a Gobernación. La denuncia se encuentra asignada a la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP). Se trató de conocer más detalles sobre la solicitud hecha pero no se logró comunicación con el Contralor, Carlos Mencos.

De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría el costo del servicio es de Q190 millones 676 mil 870, con opción a compra que fue adjudicado a la empresa Construcciones y Telecomunicaciones, S.A. El informe presentado por los auditores de la CGC detalla en sus conclusiones que el valor establecido en el contrato habría sobrepasado el precio de mercado.

En la denuncia también se encuentran sindicados el exviceministro administrativo, Manfredo Vinicio Pacheco, así como el exdirector de la Policía Nacional Civil, Telémaco Pérez, y la junta de cotizaciones que aprobó el contrato.

Cámaras sobrevaloradas

La investigación realizada por Republica.gt detalla que con el objetivo de prevenir la delincuencia apoyándose de la tecnología, el MINGOB suscribió siete contratos de arrendamiento por excepción, con opción a compra, de sistemas de vigilancia. Esto principalmente en el departamento de Guatemala y sus municipios, así como la cabecera de Escuintla por Q1,802 millones 992 mil 578 y por un periodo de 5 años.

Del total de los contratos son 7 mil 316 cámaras de video utilizadas para estos sistemas de vigilancia y tienen un precio de Q428.7 millones por arrendamiento de las mismas, en el mismo periodo. Sin embargo, esta cantidad tiene una sobrevaloración de Q184.7 millones lo que significa un 75% del precio real.

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: el costo promedio de una cámara en el mercado es de Q2,345, mientras que el alquiler de la misma en un plazo de 60 meses habrá costado Q27, 574; es decir, una sobrevaloración por cámara de Q25,229.

De acuerdo con los contratos suscritos por el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), el arrendamiento cuenta con cinco clases de equipo, entre estas se cuentan cámaras fijas de alta definición, de captación de imagen facial y de reconocimiento de placas.

En el primer contrato se rentan 1,133 cámaras por un valor mensual de Q520 mil 703 con un plazo de 60 meses, pagando un total de Q31.2 millones. Si en el mercado, el promedio de una cámara es de Q2,345, con la cantidad invertida por arrendamiento el ministerio de Gobernación podría haber adquirido 13,322 cámaras, solamente en este contrato.

Aunque se totaliza la sobrevaloración de cámaras, hay que resaltar que los contratos de arrendamiento con opción de compra no solamente contienen el alquiler de cámaras de videovigilancia, sino también  un centro de monitoreo, un data center, así como la infraestructura de conectividad y transmisión de datos, siendo este equipo el de mayor valor del contrato.

La empresa más beneficiada con contratos adjudicados es Comunicaciones Celulares S.A; recibió cuatro y por un monto de Q1,232. 2 millones. De estos, arrenda al Estado 5,000 cámaras y recibirá Q124.5 millones.

Otra de las empresas contratadas es Internet Telecomunication Company Guatemala S.A., la cual tiene dos contratos adjudicados por un monto de Q248.2 y arrenda 1,298 cámaras. Resalta que en este contrato se cobró la cámara con todo el almacenamiento, centro de monitoreo y demás servicios, sin que se conozca el valor real de las cámaras.

Mientras que el último contrato adjudicado fue para Construcción y Telecomunicaciones S.A por un monto de Q262.5 millones, y que incluye 1,018 cámaras de videovigilancia con un valor de Q55.9 millones.

Contratos diferentes

A pesar que los siete contratos firmados por Telémaco Pérez García, director general de la PNC, tienen como objetivo común la prevención de la delincuencia a través de la tecnología, los contratos de arrendamiento de las cámaras de seguridad no tienen los mismos parámetros.

Un claro ejemplo es el caso del contrato para la segunda fase del programa “Paradas seguras”, con el NOG 138897, en donde, a diferencia del resto de contratos, el valor de cada cámara instalada incluye almacenamiento de información, centro de monitoreo y demás servicios.  En los otros seis el centro de monitoreo y almacenamiento equivalen a costos extras.  Por ejemplo,  el centro de almacenamiento para el departamento de Escuintla tiene un costo de Q11,905.55 al mes en 36 meses, lo cual equivale a un pago de Q408 mil 599.

Los centros de monitoreo de los otros seis contratos existentes tienen un costo promedio de Q80,481.35 mensuales. Al final del contrato, se sumaría un total de Q4.8 millones por cada uno. Al consultar con algunos especialistas en el tema de videovigilancia comentaron que un centro con las características que mencionan los contratos no debería de sobrepasar de Q1.5 millones.

Es evidente que dentro de los contratos existe sobrevaloración tanto en las cámaras como en los equipos de monitoreo y almacenamiento. En cada contrato emitido varían los parámetros de contratación en precios, formas de contrato y opciones de compra cuando todos están destinados a cumplir los mismos objetivos, incluso en situaciones que utilizan el mismo equipo.

La adjudicación de estos sistemas de videovigilancia se realizó por medio de un proceso de excepción, una característica de esta administración, la cual se ha prestado a actos de corrupción.

Durante una citación de la Bancada Encuentro por Guatemala, el entonces ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla explicó la inversión de Q1,500 millones por cinco años en el arrendamiento de cámaras de seguridad. Bonilla comparó en ese entonces la presencia de la cámara con la de un agente de la Policía Nacional Civil. “Yo pago por una imagen en tiempo real en un punto referenciado, esta cámara es un policía a quien no lo tengo que controlar, ni darle de comer, y por ello estos proyectos”, refirió el funcionario.

Por su parte, el viceministro de tecnología, Juan Carlos Argueta, al informar de los precios en el mercado indicó que el valor de un kilómetro de fibra óptica es de US$16 mil, y que es utilizada para implementar este sistema de videovigilancia, por lo que se tomó la decisión del arrendamiento.

Falta la Contraloría

En las recientes investigaciones sobre corrupción que el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) llevan a cabo, ha faltado un engranaje importante para el combate a este flagelo, como lo es la Contraloría.

El ente fiscalizador debería haber presentado varias denuncias contra los hechos ilícitos en donde se ven involucrados funcionarios de Gobierno, sin embargo, no se ha visto la acción ni el protagonismo de la institución.

De acuerdo con la Fiscal General, Thelma Aldana, los casos de corrupción han surgido por denuncias presentadas por la Procuraduría de Derechos Humanos y el protagonismo de la Intendencia de Verificación Especial. No obstante, la ausencia de la Contraloría en estos procesos ha sido evidente.

Según Aldana “para el MP es fundamental la Contraloría al igual que IVE, si IVE no reporta una transacción para nosotros es difícil darnos cuenta, nos hace la denuncia y nosotros la investigamos y presentamos los antejuicios como los que han sucedido; con la Contraloría la mecánica debería ser igual puesto que hay delegaciones de la Contraloría en todas las entidades del Estado”.