Ahora o nunca

El deterioro al que este gobierno llevó al país logró impactar a la más amplia gama de sectores (excluyendo a quienes se benefician de la corrupción) y nos presenta una reivindicación de profundo interés y urgencia nacional que no tiene implicaciones ideológicas, como es la demanda de transparencia y honestidad en la función pública. Esta reivindicación amplia y homogénea se presenta en el momento en que las personas y movimientos que honestamente buscan el cambio, se plantean como primer paso la Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se deben cambiar las reglas del juego con las que se desarrolla el proceso electoral para después proponer los cambios necesarios en el modelo democrático y económico, incluyendo la perspectiva de convocar a una asamblea nacional constituyente en el futuro.

Pero si esta reforma no se realiza, ninguna otra propuesta tiene sentido, pues se convertirán en ejercicios estériles que simplemente reproducen más de lo mismo. Es por ello que la posición más clara y contundente debe ser que no podrán haber elecciones si primero no hay reforma seria a la Ley Electoral.

Si el Congreso se niega a estas reformas, el pueblo de Guatemala le debe manifestar su rechazo a los actuales diputados, y para ello es importante movilizar la opinión de los sectores rurales, especialmente los que viven en mayor precariedad económica, incluyendo llegar a las movilizaciones sociales masivas en todo el país.

Es más, si el Congreso pretende desviar la discusión, el Tribunal Supremo Electoral tiene el poder legal y constitucional para retrasar la fecha de las elecciones. Si a estas alturas el Congreso se rehúsa a aprobar una reforma a la LEPP, el pueblo de Guatemala puede legítimamente proponerse generar un gobierno provisional para asumir el poder el 14 de enero del 2016. Esto no es un golpe de Estado, pues no es un acto militar ni de imposición violenta, sino un ejercicio de la soberanía de un pueblo cuando los representantes que ha electo deciden ignorar sus legítimas demandas.

Felicitamos el trabajo de la Cicig y del Ministerio Público en cuanto a su calidad de investigación y sistemática denuncia de los funcionarios vinculados a las redes de corrupción, pues esto le permitirá al pueblo de Guatemala decidir con información sobre su voto y el futuro del país. De igual forma felicitamos el trabajo valiente del Tribunal Supremo Electoral, al que animamos a que continúe rechazando la inscripción de candidatos que en forma clara o notoria no llenen el requisito de capacidad, idoneidad y honradez establecido en el artículo 113 de la Constitución.

Quienes hoy amenazan con cancelar el decreto legislativo que establece el mandato de la Cicig o que piden la destitución del comisionado Iván Velásquez, quien se ha destacado por su labor profesional e intachable, son quienes responden precisamente a los intereses del crimen organizado y buscan mantener la impunidad.

Publicado el 30 de julio de 2015 en www.prensalibre.com por Frank Larue
http://www.prensalibre.com/opinion/ahora-o-nunca

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