Corrupción y tráfico de influencias, con descaro y voracidad

Ayer, el Ministerio Público (MP), dirigido por Thelma Aldana, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a cargo de Iván Velásquez, informaron del caso redes, que involucra a un sórdido personaje identificado como César Augusto Medina Farfán como el centro de una trama de tráfico de influencias.

En dicha “red” se involucra al ex secretario general de la presidencia Gustavo Martínez, quien además es yerno del mandatario Otto Pérez Molina, así como a funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), incluido el ex superintendente Carlos Muñoz, quien ya está procesado y en prisión, precisamente por el caso destapado el 16 de abril: la mafia de defraudación aduanera La Línea.

En este nuevo hecho, las conductas ilegales en contra de la administración pública dan una vuelta de tuerca más, al imputar por asociación ilícita a miembros de dos importantes empresas; una importadora y distribuidora de gas propano y, ni más ni menos, que la compañía responsable de la principal generadora eléctrica del país, que está por entrar en el mercado y que habría entregado $120 mil a Martínez por medio de un contrato de asesoría ficticia.

El tercer caso de tráfico de influencias en el que “intermedió” Medina Farfán involucra a un juez de Primera Instancia Penal, que, a cambio de obtener plazas de trabajo para sus cuñados, cerró sin chistar un proceso judicial contra Muñoz, quien en retribución, en menos de 15 días, ya tenía en la planilla de la SAT a los familiares del juzgador.

Aldana y Velásquez han dicho que hay otras investigaciones abiertas, por lo que lo más probable es que apenas estemos conociendo las capas superficiales de la corrupción que en Guatemala se ha asociado con la impunidad, pues Medina Farfán ya aparecía vinculado con empresas off shore en el desvío de dinero que involucró al presidente Alfonso Portillo en la investigación periodística de Siglo.21, conocida como Conexión Panamá, que se publicó en marzo de 2002. Es decir, que el aludido lleva al menos 13 años de medrar a la sombra del Estado sin saber qué significa la aplicación de la justicia pronta y cumplida.