Hasta el momento, Baldetti lleva todas las batallas perdidas

La expresión de desazón varió por una de dolor, ya que al momento de retirarse de la sala, al querer superar el cerco periodístico, se golpeó la mano. Después, al salir de un ascensor que estaba atiborrado, y al ser llevada apresuradamente a su vehículo, tropezó y una de sus rodillos tocó el suelo.

Baldetti, la primera mujer en alcanzar la vicepresidencia del país, la misma que enarboló la lucha contra la corrupción, es ahora investigada por actos reñidos con las normas, moral y ética. Ninguno está por encima de la ley y nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. El proceso judicial contra la ex vicemandataria apenas se inicia y aún no hay acusación directa contra ella.

Algunas de sus propiedades, y las de su esposo Mariano Paz, están inmovilizadas por el Juzgado de Extinción de Dominio, y el Ministerio Público dijo en la audiencia que el valor declarado de los inmuebles no corresponde al de mercado y considera que la familia Paz-Baldetti no tenía recursos para adquirirlos. Ayer, la jueza Cardona mantuvo el congelamiento con el argumento de que lo hace para evitar que sean traspasados a una tercera persona.

Aunque el principio de inocencia siempre prevalece, las circunstancias y nubarrones que rodean el caso de la ex vicegobernante y sus familiares, como el hecho de que se confirma que a ella, esposo e hijos les fueron retiradas las visas de ingreso a EE. UU., crean una percepción de culpabilidad que hace que la ciudadanía la condene de forma anticipada y exija su castigo.

Sin embargo, alguna razón tuvo Marco Antonio Villeza, juez de Extinción de Dominio, para ordenar la inmovilización de cuentas bancarias e inmuebles de Baldetti, así como bienes de su esposo. Contra esta acción, de acuerdo con la legislación, las personas sobre las que existen sospechas de haber adquirido bienes de forma ilícita, son quienes deben demostrar la legalidad de sus procedencias.

Por ello, a la familia Paz-Baldetti solo le queda demostrar que sus posesiones fueron adquiridas de forma lícita, para que el juez decrete su liberación, pues, de lo contrario, el juzgador ordenará la extinción de los bienes a favor del Estado.