Reforma

Quizá eso nos devuelva la mirada a una competencia de pensamientos y propuestas serias.

La Constitución establece claramente el derecho a elegir y a ser electo. Pero hoy contamos con un sistema que restringe tal derecho, al establecer un monopolio en la actividad política limitado a partidos que, en la práctica, han demostrado ser corruptos, poco democráticos, incapaces de reflejar la diversidad guatemalteca y de recoger reivindicaciones como las que hoy demanda la población con fuerza. La corrupción partidaria destruye posibilidades, derrumba proyectos, aniquila esperanzas de desarrollo, acorta vidas, interrumpe caminos.

Estamos aquí para romper con el monopolio de los partidos políticos. ¡Hoy no son legítimos! Hablamos de esa construcción metropolitana, centralista, etnocentrista y, en muchos casos, masculina que mueve las estructuras de poder. ¿Cómo cambiarla?

Permitiendo que existan comités cívicos o partidos políticos departamentales o regionales, con capacidad para proponer candidatos a diputados.

Necesitamos promover la participación descentralizada, reflejar la diversidad que felizmente nos caracteriza. Pero para hacerlo habría que abrir el espacio en el sistema político para que se manifiesten nuevas fuerzas sociales. Regenerar la institucionalidad democrática de los partidos políticos, para legitimar su función intermediadora. A su vez, esto implica ampliar los márgenes de arraigo sociocultural y de cobertura territorial para las organizaciones políticas con pretensión nacional. Y la inclusión de mujeres e indígenas, para garantizar no solo representatividad, sino espacios de poder en la realización partidaria. La ley de cuotas, de paridad, o de compensación, es impostergable. Cincuenta por ciento, con alternabilidad y sanción. O sea: obligar por ley lo que no ha nacido por conciencia.

La tarea es urgente, pues mientras tanto la pobreza sigue. La desigualdad se arraiga. La gente muere.