Nuevo golpe de la Cicig contra grupos corruptos

Lo peor de la expoliación de esos fondos es que un sector se ha aprovechado para adversar el pago de impuestos, mientras la mayoría de la población, de la que alrededor del 50% vive en pobreza, se ha traducido en la falta de servicios básicos, educación, trabajo y salud, hasta la pérdida de vidas con un sistema sanitario caduco o de niñez sin futuro por la desnutrición.

También el impacto negativo ha frenado el desarrollo por la carencia de fondos para invertir en infraestructura, dejando comunidades aisladas y sin inversión en proyectos productivos que generen riqueza en un país, tristemente generoso en recursos naturales.

Prácticamente ninguna institución se ha salvado de funcionarios corruptos, al extremo que en 34 días se desmanteló una estructura criminal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y ayer, la cúpula del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

En la SAT cayó un exjefe, Carlos Muñoz, y quien estaba en funciones, Omar Franco, bajo el mando del entonces secretario privado de la ahora ex vicepresidenta Roxana Baldetti, mientras en la directiva del Seguro Social figuran los presidentes del Banco de Guatemala (Banguat), Julio Suárez, y del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, con el concurso de particulares y empresarios.

Esta es la segunda vez que la directiva del IGSS cae por corrupción; la primera fue en el gobierno de Alfonso Portillo, en 2003.

Aunque cabe destacar el trabajo del Ministerio Público para descubrir la trama de estructuras criminales en la SAT e IGSS, es evidente que la coordinación y autoridad para encerrar a estos sospechosos se logró con la ya indispensable Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Como en el caso La Línea, que defraudaban tributos en aduanas, en el del Seguro Social, la Cicig logró demostrar el concurso de particulares que actuaron como intermediarios, incluido el hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling; los dueños de la droguería, de Suárez, y Max Quirin, ahora representante del sector privado en el IGSS, después de años de haber estado en la Junta Monetaria.

Entre los detenidos destaca Rodríguez, quien tomó por asalto el IGSS en el 2013, pero es de lamentar que se perdieran varias vidas para que la Cicig le diera caza, cuando su grupo quería una comisión de hasta 16% de un contrato por Q116 millones. Ojalá que este golpe sea el presagio de que vienen más capturas en camino para encarcelar a más corruptos.