Presidente, anulando contratos no revivirá la confianza ciudadana

En el marco de la inauguración de la feria de vestuario y textiles (Apparel Sourcing Show), Pérez Molina informó que anuló la concesión por 15 años de la administración del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora, el cual implicaba más pérdidas que beneficios para el Estado. Luego, afirmó que pidió a la Procuraduría General de la Nación que actúe para recuperar unos Q22 millones supuestamente ejecutados para limpiar el lago de Amatitlán, otra sospechosa concesión en la que estuvo involucrada directamente la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y algunos de sus más cercanos colaboradores. El gobernante previamente defendió el contrato con más pasión que argumentos.

En total, la presunta limpieza de este manto acuífero implicaba un gasto de Q137 millones, aunque la segunda parte del acuerdo, valorado en Q115 millones, ya había sido anulado. Además, Pérez Molina dice que se revisa otro acuerdo para la compra de gasolina y dejó en manos del vicemandatario Alejandro Maldonado Aguirre el futuro de algunos trabajadores de la ex Vicepresidencia supuestamente ligados a malos negocios y a complicidad con Baldetti.

La recapacitación del mandatario no llega por inspiración divina, sino más bien, es producto de la presión ciudadana que, en dos multitudinarias marchas forzó, primero, el retiro deshonroso de Baldetti y de algunos de sus colaboradores, y ahora busca la salida anticipada del mandatario y el final de un régimen que, según lo expresado en las concentraciones, traicionó la confianza y dejó de representar el sentir ciudadano.

Habrá que esperar si las reconsideraciones de Pérez Molina no implican costos adicionales al erario, pues es seguro que los contratistas intentarán mantener los proyectos, sobre todo, después de que el Gobierno, al más alto nivel, los defendió y desacreditó las voces que advertían sobre puntos nefastos. Además, es obvio que estos contratos surgieron a instancias de funcionarios que, por lo menos, deben explicar, si es preciso en los tribunales, sus decisiones; así que, adicionalmente a la invalidación de los contratos, el presidente debe encaminar denuncias y promover investigaciones contra quienes, parece ser, intentaron saquear fondos públicos.