Exigencia ciudadana

Queremos desmantelamiento, procesamiento y cárcel.
 
El reciente “destape” de la estructura denominada La Línea, consecuencia de la investigación conducida por CICIG-MP durante los últimos ocho meses, ha motivado a la ciudadanía a unirse en la demanda por la depuración de las instituciones del Estado, indignada por las evidencias que vinculan piezas claves incrustadas en el Ejecutivo que han pavimentado el camino a la defraudación tributaria y el contrabando.

El rechazo ha sido evidente como pudimos percibir los miles de guatemaltecos que manifestamos el sábado pasado en ese ambiente de unidad y respeto que ciertamente dio la mayor legitimidad a esa expresión masiva de hartazgo ciudadano.

Sin embargo hay elementos que despiertan dudas diversas sobre los resultados finales de esta destacada investigación de CICIG-MP, ya que la experiencia pasada ha dejado inconclusos e impunes otros casos, como el asesinato de don Khalil Musa y su hija Marjorie.

Indiscutiblemente la CICIG fue determinante en este caso como en otros, pero quedan piezas sueltas que no tienen una explicación lógica y que han provocado desconfianza sobre las motivaciones y los objetivos que finalmente se persigan en este crucial caso para el país que se esperaría llegue a sus últimas consecuencias. La justicia debe alcanzar a todos los implicados, sin importar su rango.

La CICIG en cumplimiento de su mandato es un órgano dirigido al combate de la impunidad, encargada de coadyuvar con la investigación y persecución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con estos que opere en el país así como en la determinación de sus estructuras, actividades, forma de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos.

En este caso ha quedado en evidencia la integración de una red criminal muy cercana al poder Ejecutivo, constituida por nefastas bandas delictivas especializadas en asociarse con las autoridades de turno para robar dinero del erario nacional siendo lo más grotesco la evidencia sobre la participación del secretario privado de la Vicepresidenta, Juan Carlos Monzón, como jefe o coordinador de la banda. Por ello, no puede quedar fuera la responsabilidad de la señora Baldetti.

A todo lo anterior se suma la relación con miembros de la banda conocida como la Red Moreno, que se ilustra con la participación de Francisco Javier Ortiz, (el Teniente Jerez,) especializado en las maniobras aduaneras para favorecer el ingreso de furgones, lo que también lleva a cuestionarse ¿por qué esa Red no ha sido desarticulada si opera desde los años noventa?

¿Será que no hay cuerpos de “inteligencia” que trasladen esas alertas a las instancias competentes? ¿Hay realmente voluntad de terminar con esas bandas que nos llevan al precipicio? ¿Y acaso no califican como cuerpos paralelos de seguridad sus cabecillas?

Mucha desconfianza y rechazo ha provocado la decisión de la Jueza Marta Sierra al favorecer con medidas sustitutivas a seis miembros de la banda, entre los cuales hay dos piezas destacadas claramente señaladas. Sus razones explican pero no convencen. La prisión preventiva tendría que haberse dictado contra todos.

Esa banda ha venido despojando a los guatemaltecos de los recursos indispensables para el desarrollo de la nación, limitando la capacidad del Estado en su responsabilidad de garantizar la vida, el respeto a los derechos fundamentales y las garantías en el ejercicio de las libertades consignadas en la Constitución Política de la República, así como las oportunidades de progreso para toda la población. No pueden quedar cabos sueltos.

Y es que los guatemaltecos vemos esta investigación como una principalísima oportunidad de rescatar las instituciones del Estado y el respeto que merecemos como nación. Pero si se queda en esta etapa, nos seguiremos hundiendo.

Ciertamente, en la presente coyuntura y a pocos días de abrirse formalmente el proceso electoral, también vemos con esperanza la investigación sobre el financiamiento a los partidos políticos, la cual podría contribuir a dar ese salto fundamental que permita vislumbrar pensar en nuevos cuadros, sin trayectorias oscuras y consistencia con los valores republicanos e independientes de la podredumbre que hoy hace sentir a los guatemaltecos que estamos metidos en un túnel de corruptos del cual no nos podemos deshacer.

Ojalá tengamos respuestas y no solo distractores y esperanzas truncadas como pareciera ser la reactivación del caso MDF. Exijamos y apoyemos al MP y a CICIG para que esta vez, se culmine con la desarticulación vertical y horizontal de esta mafia y de otras que también han permeado la institucionalidad.

Publicado el 29 de abril de 2015 en www.elperiodico.com.gt por Marta Altoaguirre
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150429/opinion/11824/Exigencia-ciudadana.htm

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