En nuestra cara

Ambos exfuncionarios públicos fueron destituidos por malos manejos financieros en sus respectivos cargos públicos. Por cierto, tanto Villavicencio Álvarez como Cuevas Gallardo fueron apoyados incondicionalmente durante sus últimas gestiones en el sector público por la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien, a su vez, se confesó dueña de centros comerciales, haciendas, fincas, constructoras, empresas de exportación, mansiones, etcétera.

Los exfuncionarios fueron separados de sus cargos pero sin que se vieran en la obligación de rendir cuentas ni de explicar ante la Contraloría General de Cuentas las variaciones en sus peculios privados durante el desempeño de los cargos públicos. Es más, la Contraloría General de Cuentas, como suele suceder, no ha investigado ni investigará dichas variaciones patrimoniales, por lo que jamás podrá demostrarse si hubo o no enriquecimiento ilícito.

Villavicencio Álvarez dejó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en ruinas, al punto que algunas emergencias hospitalarias cerraron. El saqueo fue formidable durante su gestión. Asimismo, cedió ante los sindicalistas y firmó un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo extremadamente gravoso para el Estado y con muchos cuestionamientos jurídicos.

Cuevas Gallardo, además de haber articulado uno de los mayores despilfarros en la historia publicitaria del Gobierno, solamente comparable con el derroche bajo el régimen de Álvaro Colom (2008-12), fue un verdadero azote contra la prensa independiente, por lo que, al igual que los “peludos” del régimen de Colom, se lleva la medalla de “enemigo de la libertad de expresión”.

Pero el epílogo es feliz para estos dos infieles administradores públicos, porque en Guatemala nunca le pasa nada a los exfuncionarios. Villavicencio Álvarez será dueño de un magnífico hospital privado y Cuevas Gallardo se instalará en Los Ángeles. California, EE. UU., como flamante Cónsul, sin que sepa absolutamente nada de relaciones consulares ni de inmigrantes.