Pactos de impunidad

Este tipo de acuerdo de conveniencia no es nuevo. El régimen de Jorge Serrano (1991-3) no promovió investigaciones de actos de corrupción ocurridos durante el régimen de Vinicio Cerezo (1986-91) y la bancada de diputados de la DCG formó parte de la oficialista “Trinca Infernal” (MAS-UCN-DCG), que dio lugar a la depuración del Legislativo en 1994.

El régimen de Álvaro Arzú (1996-2000) no promovió la investigación de los actos de corrupción del régimen de Ramiro De León Carpio (1993-6) a cambio del apoyo de este en la campaña electoral. Asimismo, el régimen de Alfonso Portillo (2000-4) no promovió la investigación de actos de corrupción durante el régimen de Álvaro Arzú (2000-4) también a cambio del apoyo de este en la campaña electoral.

La maquinaria electoral del régimen de Óscar Berger (2004-8) apoyó a Álvaro Colom y la bancada de diputados de la Gana hizo causa común con el régimen de Colom. La contrapartida fue que no se investigaran los actos de corrupción durante el régimen de Berger.

Sin duda, ya existe un pacto de impunidad entre los regímenes de Otto Pérez Molina y el que se instalará a partir del 14 de enero del año entrante, producto de una suerte de entente de negocios de la política y de insospechadas componendas.

De hecho, las bancadas mayoritarias en el Congreso han conformado una productiva y beneficiosa alianza política, que les permite controlar cómodamente el Legislativo; y, al efecto, se han puesto de acuerdo para integrar la Junta Directiva del Congreso y para la emisión y reforma de leyes de urgencia nacional.

De esta forma, los políticos se aseguran que jamás se les procesará ante los tribunales por actos de corrupción y que los negocios de la política sean altamente productivos, rentables y sin contingencias en el mediano y largo plazo.

Mientras tanto el interés general sigue postergado y el Pueblo de Guatemala vive las inclemencias del abandono, del abuso de poder y de los precarios servicios públicos.