Marta Yolanda Díaz Duran

Sin embargo, 111 diputados tuvieron el descaro el año pasado de pasarse por el arco del triunfo la limitación legal que tienen para aprobar junto con el “Presupuesto General de malgasto y despilfarro de los ladrones que nos gobiernan” más tributos para la gente productiva en Guatemala. Es tal su desesperación de acumular fortunas mayores de las que ya han logrado de manera mal habida, que ilusamente creyeron que se podían dar el lujo de pisotear la restricción mencionada. Por supuesto, no es la única regla que han violado en la aprobación del esperpéntico plan de robo que es el tal Presupuesto.

Para beneficio de todos, los miembros de varias cámaras empresariales no tardaron mucho en presentar, primero, amparos en contra de la decisión de los mentados 111 diputados, sino que nomás entró en vigencia el decreto que da vida a este mamotreto le empezaron a llover acciones de inconstitucionalidad. Y, al menos hasta el momento, los magistrados de la Corte a cargo de resolver las impugnaciones han sido correctos al suspender, aunque sea de manera provisional, varios de los artículos cuestionados, entre los cuales se encuentra el impuesto a las líneas telefónicas y la autorización que se habían recetado los corruptos diputados para hacer obra pública por medio de sus compañías constituidas como organizaciones no gubernamentales (ONG).

Ahora, llama mi atención que al menos al instante en el cual escribo esta columna los magistrados de la Corte de Constitucionalidad aún no han suspendido (ya que en ambos casos aplica la misma restricción que he comentado) los impuestos a la distribución del cemento y a la extracción de ciertos minerales. Recuerden que el incremento del mil por ciento en las regalías no fue para todos los que se dedican a esta actividad. Bien se cuidaron los ponentes de este disparate en no molestar a la vicepresidente Roxana Baldetti quien, entre otras cosas, ha invertido el dinero corrupto que ha adquirido en la extracción de jade.

Espero que se siente un precedente y alguien con los recursos para hacerlo demande a los congresistas responsables de esta nueva ilegalidad. Hasta que los gobernantes, legisladores, jueces, burócratas estatales… no paguen las consecuencias de sus acciones, seguirán violando las normas que se les antoje con tal de alcanzar sus objetivos. Ya basta. Ojalá sean obligados a devolver lo que han robado y se les envíe por un tiempo a una cárcel donde tengan que trabajar para ganarse la vida. No dejemos de soñar.