Prestamistas de la corrupción

No voy a profundizar en lo que se ha indicado en cuanto a que dicha ley está inundada de ilegalidades y sin la presencia de criterios técnicos. Tampoco recalcaré la forma en que esta es un claro retroceso a la transparencia y a la calidad del gasto público, privilegiando en muchos casos la próxima campaña electoral a través de clientelismos y asignando fondos públicos con oscuros y corruptos intereses.

Me voy a centrar en cómo se está poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica y la forma en que las grandes entidades financieras del país han cerrado los ojos a este peligro y se han abalanzado, so pretexto de no tener donde invertir, a lo que el Ministerio de Finanzas Públicas les arroje. En lugar de dar créditos para financiar actividades productivas del país, prefieren seguir el camino fácil y rentable de financiar al Estado, aunque desde luego no sea el más sano para la nación.

En efecto, la aprobación de más bonos para este año (por valor de Q2,800 millones), la aprobación de bonos para el próximo año (por valor de Q4,000 millones), el vencimiento el próximo año de bonos existentes (por valor de Q4,160 millones) y la aprobación de deuda externa (por valor de Q6,800 millones) harán que el endeudamiento llegue a un 25.6% del producto interno bruto (PIB) y que la relación de deuda sobre ingresos fiscales alcance un dramático 225%. A esto sumémosle que este dinero tendrá como destino principal el pagar deudas y gastos de funcionamiento del Estado.

Además, existen otros riesgos que he mencionado en Rincones anteriores. La concentración de la deuda local en muy pocos inversionistas es un riesgo altísimo, tanto para estos como para el Estado en su carácter de emisor. La concentración de grandes montos que vencerán en fechas específicas es otro riesgo latente. El 15 de abril del 2026 habrá que pagar más de Q5,600 millones y el 23 de mayo del 2029 otros Q3,600 millones como mínimo.

A pesar de todo lo anterior, los inversionistas han estado dispuestos a recibir cada vez menores rendimientos. En el año 2005 se colocaron bonos a 10 años a un 10% de rendimiento.

Tan solo en el año 2011 se colocaron bonos a 15 años a este mismo 10%. La semana pasada, en la primera licitación de nuevos bonos, se vendieron valores a tasas del 7.125%, 7.375% y 7.50% en plazos de 9.5, 11.4 y 14.5 años, respectivamente. En la licitación del viernes pasado, el Ministerio de Finanzas se dio el lujo de no aceptar posturas a tasas aún menores a las mencionadas. A pesar de los riesgos que conlleva invertir en estos títulos, ¿qué hace que los inversores estén dispuestos a recibir cada vez menores rendimientos?

Cada entidad del sector privado debe tomar las medidas, en forma coordinada, para evitar que se consumen las arbitrariedades mencionadas.

Las instituciones financieras tienen una responsabilidad que cumplir y así no tener que preguntarnos en un futuro, ¿quiénes fueron los prestamistas de la corrupción?