Comienzan acciones contraproducentes

En efecto, las empresas de telefonía celular devolvieron a la Superintendencia de Telecomunicaciones   un total de seis millones de líneas que no están siendo utilizadas,  porque el impuesto de cinco quetzales por cada una les significa un gasto adicional de 30 millones de quetzales. La explicación  de esas firmas indica que no habrá otras medidas adicionales y que el público no tendrá que pagar más dinero por el servicio que ahora recibe.

Por aparte, el sector privado organizado del país   también ha anunciado medidas de tipo legal contra el Presupuesto, lo mismo que ofrece hacer el partido Encuentro por Guatemala. En el campo de las empresas mineras, las nuevas disposiciones legales reducirán el ingreso por impuestos, que pagados en forma voluntaria eran mayores que lo  ahora aprobado, además de que numerosas municipalidades que reciben dinero para  obras verán mermados sus fondos para proyectos ya  presupuestados y que son fundamentales para la nueva contienda electoral.

A nadie puede escapar entonces que cuando los diputados oficialistas y sus aliados de la supuesta oposición  levantaron las manos para dar luz verde a ese plan de gastos, en la práctica colocaron al Gobierno en una crisis de la cual difícilmente podrá salir. Los lideristas, en una prueba de miopía política, al colocarse  en el equipo que ve en el aumento de impuestos la salida para pagar el elevado e irreal presupuesto aprobado, se quedaron por propia voluntad sin un argumento electoral que hable de reducir los fondos que son extraídos de los bolsillos de los contribuyentes  y de las empresas  de cualquier tamaño.

Aún falta mucho camino por recorrer en este asunto, el cual también puede ser el primer problema serio, tanto para la Corte Suprema de Justicia como para la Corte de Constitucionalidad, recientemente integradas en condiciones que no favorecen el retorno de la confianza ciudadana en el sistema legal del país. Los pocos días que faltan para que comience el tácito descanso del fin de año, sin duda serán difíciles, no solo para el Gobierno, sino también para los partidos que demostraron estar dispuestos a realizar otro pacto nefasto en el proceso de los comicios  que desde hace meses comenzaron los políticos, pese a las prohibiciones del  Tribunal Supremo Electoral.

Lo que ya comenzó a ocurrir demuestra que en el equipo de gobierno y en el de los partidos políticos no hay capacidad de pensar dentro de la realidad económica y social del país y que se abrazan a teorías que no toman en cuenta los factores en realidad importantes para no romper el delicado equilibrio de la relación entre impuestos, productividad, empleo y percepción de corrupción.