Presidente Otto Pérez cuestiona al sector privado

El mandatario recordó ayer que nadie quiere pagar tributos, justo cuando se publicó el decreto 22-2014 del presupuesto en el Diario de Centro América.

Antes de lanzar las críticas al sector privado, Pérez Molina dijo: “Guatemala es el segundo país más desigual de Latinoamérica, y necesitamos que se paguen más impuestos para poderle responder a la gente más pobre y en pobreza extrema que si no es a través de los impuestos nunca va a tener las condiciones para salir adelante”.

El presidente promulgó el Presupuesto el miércoles, solo horas después de que lo había enviado el Congreso.

Toda la semana se han dado pronunciamientos de varias cámaras empresariales que ayer reiteraron  que los impuestos afectarán a quienes menos ingresos tienen. Aseguraron que preparan impugnaciones.

Críticas

“Es tradición en Guatemala. Siempre que hay una reforma tributaria, que hay algún impuesto, son precisamente las cámaras, la gente de más dinero, la que se va a la Corte de Constitucionalidad a presentar esos amparos. Son los que menos quieren pagar impuestos y los que tratan de ver cómo se traen abajo esos impuestos”, reclamó el mandatario.

Uno de los puntos más criticados del Presupuesto es la eliminación de los comprobantes de disponibilidad financiera (CDF), que obligan a los ministros a tener fondos para contrataciones.

“Están pegando hoy gritos y rasgándose las vestiduras, incluso el sector privado diciendo que por qué se quitó el certificado de disponibilidad financiera. Eso lo pusimos nosotros en este gobierno; no existía, y se puso la restricción de que no se pudiera ejecutar mientras no existiera el CDF”, añadió.

Manifestó que retiraron el CDF porque retrasaba la inversión en los ministerios, pues debían esperar el efectivo en caja. Ahora solo se contará con comprobantes de disponibilidad presupuestaria (CDP), es decir, los espacios, porque aseguró que también será suficiente para evitar deuda flotante.

Responden

“Si los gobernantes  no quieren que nos quejemos, que nos den resultados de su gestión”, expresó Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio.

Fernando López, presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), señaló que los más afectados con la creación de los nuevos impuestos son quienes menos ingresos tienen y no los que más tienen, como afirma el mandatario.

López agregó que aún se mantienen las consultas con  abogados para preparar la impugnación. También destacó que buscan acercamientos con el Ejecutivo para lograr un consenso sobre el diferendo.

Hermann Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó que les preocupa cómo fueron ignoradas las medidas de control fiscal.

Comentó que analizarán la redacción del Presupuesto para poder  accionar legalmente.

“Lo más importante es que el Presupuesto debe servir, pero nos preocupa la eliminación de medidas de disciplina financiera”, expresó Girón.

El gobernante también defendió que se restablezca el uso de oenegés, porque serán contratadas por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para ejecutar obras, y no los ministerios.

Sin embargo, los Codedes son presididos por los gobernadores, con participación de los alcaldes. Ambos han sido señalados de beneficiar, en el pasado, a oenegés de ellos mismos, de diputados o de familiares y amigos de estos.

“Dicen que eso fue llamar a la corrupción. Bueno, llamamos también para que se fortalezca la Contraloría General de Cuentas. Llamamos a la auditoría social y a los medios que nos vengan a denunciar”, respondió Pérez Molina ante esa duda, y que si se comprueba que una organización hace mal su trabajo, él mismo  la denunciará.

Defiende impuesto

En relación con el nuevo impuesto de Q5 mensuales por línea fija o celular a las compañías telefónicas, el jefe del Ejecutivo explicó que esa propuesta existía desde “gobiernos anteriores” y que ese monto lo pagarán las empresas, no los usuarios.

Sin embargo, el director regional de Regulación de Claro, José Cervantes, adelantó el miércoles último que la aplicación de ese tributo dejaría al 30 por ciento de líneas desconectadas.

Omar Franco, intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), expuso que diseñan el formulario para captar de las tres empresas telefónicas los Q5 del impuesto que se recaudará por la tenencia de la línea, por medio de una declaración jurada.

Otra novedad incluida en el paquete del decreto presupuestario es el aumento del 1 al 10 por ciento de las regalías que paga la minería.

Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, opina que  el aumento en las regalías es una “inconstitucionalidad abierta”, porque hay una desigualdad ante la ley.

Agregó que no todas las empresas mineras tienen el mismo tratamiento, porque algunas  tienen permitido el 5% y 6% de regalías, mientras el resto, 10%.

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells explicó que una  inconstitucionalidad  contra  una ley se presenta  cuando entra en vigor, pero hay otras acciones que ya pueden presentarse, como amparos o de responsabilidad.

DISENSOS DEBIDO AL NUEVO PRESUPUESTO

En el Presupuesto se creó un impuesto de Q5 mensuales por línea de telefonía fija y celular.

Empresarios creen que eso repercutirá en los usuarios prepago.

El presidente lo niega, y aseguró que son las empresas las que pagarán esos Q5 por línea, ya que no se grava el segundo ni el minuto de llamada, como se ha discutido.

Se elevan del 1 al 10 por ciento las regalías que paga la minería, recursos que se distribuirán en 9 por ciento para el Gobierno y 1 por ciento para las municipalidades.

Empresarios señalan desigualdad ante la ley para varias compañías.

También  critican que se haya eliminado el comprobante de disponibilidad financiera.

HISTORIA DE NUNCA ACABAR

Los gobiernos tienen recurrentes enfrentamientos con empresarios.

PLAN NACIONAL

Vinicio Cerezo propuso un plan nacional de desarrollo 1987-1991, que incluía aumentar los ingresos fiscales.

Su gobierno buscó darle más peso a los impuestos directos y racionalizar el gasto público.

El Cacif se opuso al aumento de tributos como el IVA.

REVISIÓN DE LEYES

El gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-93) planteó la reorientación de la política fiscal, que incluía un programa de modernización tributaria.

Requería en  el mediano plazo revisar la legislación sobre ISR, IVA, IUSI, timbres y papel sellado, y el mejoramiento de la administración de los ingresos. El sector privado se opuso.

NO hAY ACUERDOS

Surgió el  Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria  y se aprobaron nuevos impuestos por impulso de Álvaro Arzú (1996-2000).

La mayor oposición empresarial a las políticas de Arzú fue  a la creación de la ley de aguas y reformas constitucionales.

Fracasó  el diálogo por un pacto fiscal.

CONFRONTACIÓN

Alfonso Portillo (2000-2004) lanzó un pacto fiscal. Autorizó importar varios productos para bajar costos elevados.

Se aprobó un impuesto sobre aguardientes y bebidas alcohólicas, entre otras, y se aumentó del 10% al 12% el IVA, lo que significó la guerra para el sector privado organizado.

PACTO FISCAL

Óscar Berger (2004-2008) hizo un llamamiento con el propósito de reactivar el Pacto Fiscal.

Se creó  el impuesto extraordinario y temporal en apoyo a los acuerdos de paz y se reformó el ISR. El sector empresarial manifestó su rechazo con el argumento de que desestimulaba la inversión.

VARIOS INTENTOS

El sector privado rechazó al menos tres propuestas de reforma tributaria de Álvaro Colom (2008-2012).

Una de  ellas contemplaba gravar el tiempo de la telefonía móvil, la que tuvo más oposición.

La relación fue de estira y encoge.