Otro proceso que defrauda

Tales diferencias  entre decanos y representantes de colegios, que se mantuvieron a lo largo de siete polémicas sesiones,  se diluyeron ayer como por arte de magia para que en una jornada sin mayores discusiones fueran incluidos en la nómina Carlos Mencos, Sergio Pérez y Humberto Echeverría, los tres personajes sobre quienes se habían centrado los señalamientos. En cuanto a  los dos primeros,   se debía a que eran cuestionados porque no hicieron mayor cosa por cambiar esa institución.

Respecto de Echeverría, hubo rumores que lo ligaban con personajes que han sido señalados por su constante cabildeo en distintas instancias de elección en el ramo de la justicia. Cierto es que tales acusaciones no se llegaron a demostrar,  pero eso ya no importa, los tres están adentro y ahora ese listado llegará al Congreso, donde no sería extraño que fuera electo  uno de los primeros dos citados, que es lo  más conveniente para que nada cambie acerca de la fiscalización de los recursos.

 De hecho, la Contraloría ha sido una de las entidades más ineficientes de la administración pública, pues, al igual que muchas otras que deben ser garantes de un buen servicio público, se ha  prestado a los caprichos de funcionarios inescrupulosos que han hecho de las malas artes su misión dentro del servicio público. No está de más ir un poco atrás en el tiempo y recordar los nefastos precedentes de Marco Tulio Abadío, quien guarda prisión por los oscuros manejos al frente de tal entidad, y Óscar Dubón Palma, que debió ser capturado en Nicaragua, cuando huía del país por  triangulación de fondos públicos.

Más reciente es el caso precisamente de Carlos Mencos, quien ni siquiera debería optar a una reelección, pues ya fungió una vez en dicho puesto pero   en ningún momento demostró tener los arrestos para combatir la corrupción, los contratos flotantes, las obras con dedicatoria y las sobrevaloraciones en diversas carteras, prueba de lo cual son los escasos o inexistentes resultados de su gestión.  Difícilmente esta nación podrá avanzar y consolidar su institucionalidad si poderes ocultos tienen la potestad de amañar cualquier proceso.

Este nuevo   proceso viene a sumarse a los que socavan el estado de Derecho, pues  si en lugar de fiscalizador eficiente se tiene a un cómplice, el futuro únicamente apunta a la expansión de un cáncer que corroe las entrañas del Estado, porque, como ya se dijo antes, no es difícil intuir por quién se inclinarán los diputados en la búsqueda de que la impunidad sea  más generalizada, sobre todo de cara a un proceso electoral en el cual precisan de finiquitos arreglados a conveniencia.