PEDRO TRUJILLO
El expectante parto presupuestario se produjo en la antesala del fin de semana, que es cuando se acostumbra a hacer las cosas “importantes” para amortiguar los comentarios y discusiones ciudadanas. El cortoplacismo nacional obviará el debate por el dinero que deberemos pagar tres generaciones —dos todavía sin poder opinar— y se disipará de la reducida memoria nacional. Sabremos, a lo sumo —porque se lee poco—, que el presupuesto 2015 será de Q70 mil 600 millones. Se desconocerá, entre otras cosas, la autorización de la emisión de bonos por Q4 mil millones para financiar las “deficiencias netas del Banco de Guatemala” (sic) y para el adulto mayor —¿interés de Líder?—.
La Flacso y la Fundación Esquipulas se llevarán Q4.5 millones, a pesar de no ser entidades públicas ni de servicio ciudadano con libre acceso de todos los contribuyentes, igual que los más de Q5.8 millones que “donaremos” al Colegio de Abogados. La monopólica Usac dispondrá de Q1.4 millardos, aunque jamás veamos una liquidación detallada del presupuesto que disipa, explicación de cómo lo gasta o resultados; no hablemos de los Q31 millones de la Academia de Lenguas Mayas, cuya evaluación de desempeño es otro enigma.
Otras enormes cifras se adjudican —dispersas por el documento— a derechos humanos, mantenimiento de lagos, “triángulo de la dignidad” (sic), protección a mujeres, representación diplomática en asuntos indígenas, etcétera. Sumadas sorprenderían, pero desmenuzadas pasan desapercibidas, crean red clientelar y mantienen organismos ineficientes, ausentes de control y rendición de cuentas. También se asigna, de nuevo, una importante cantidad para subsidiar el transporte urbano, aunque el gremio canallescamente no permite instalar sistemas prepago porque se sabría cuánto ganan y se constataría la defraudación que supone ese rubro.
Copiando la propuesta del sindicato nacional de trabajadores de la salud y del FNL, se incorpora la Ley Robín Hood que se traduce en un impuesto mensual de Q5 a cada línea de telefonía. Aparece otro nuevo de Q5 a la bolsa de cemento y se incrementan las regalías de la explotación de minerales y materiales de construcción al 10%, con trato preferencial a la explotación de jade y níquel. No obstante, el Estado sigue quedándose con el 9% y deja al 1% a las municipales. La avaricia centralizadora es nuevamente el problema y nunca, con esa distribución, será la solución. La recaudación del impuesto al cemento y a la telefonía supondrá unos Q2 mil millones anuales, que será parte del botín por el que competirán los sindicatos y el costo político de tener un año electoral en paz en este Estado patrimonialista. Por cierto, pagado, como siempre, por el ciudadano honrado y tributante y sin ningún beneficio de retorno.
Al final tendremos menos en la bolsa y los políticos sean derecha, centro o izquierda, dejan nuevamente claro que la ciudadanía les importa un bledo. La construcción de viviendas (cemento) será más cara para los más pobres; el uso del celular de muchos no desfrijolizados subirá hasta un 20%. Seremos menos competitivos y, el año próximo, medias similares pretenderán paliar las deficiencias ocasionadas, igual que estas responden al fracaso de aquella “reforma fiscal 2012”. El populismo se consolida y el contrabando encontrará más rentable su actuar pasando cemento desde Belice hacia, curiosamente, Petén. Líder, ausente de los debates en el Congreso, se une, sin embargo, a esta mamarrachada, muy alejado del flat tax que proponía. Otra mentira roja descubierta, de las muchas que quedan por evidenciar ¡Los ciudadanos impávidos callamos!
Publicado el 02 de diciembre de 2014 en www.prensalibre.com http://www.prensalibre.com/opinion/Ali-Baba-y-Robin-Hood_0_1259274062.html
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