Una pesadilla muy extendida

Nadie parece estar exento de esta criminal actividad y no queda tampoco duda de que la mayoría de las víctimas son ciudadanos de a pie, que seguramente residen en espacios abiertos, en barrios periféricos, donde incluso escasea la seguridad y, en consecuencia, resulta más fácil para los delincuentes actuar con total impunidad, pues el guatemalteco promedio todavía es reacio a la denuncia, quizá porque tampoco tiene la confianza suficiente en que las autoridades resolverán de manera satisfactoria sus reclamos.

En un informe presentado ayer por el Centro de Estudios Económicos y Sociales (Cien)  se reporta que  en los últimos cinco años se han presentado aproximadamente 37 mil denuncias de extorsión, y además se da a conocer que de esos casos, el 70 por ciento se concentra en hogares, lo que implica que casi 26 mil familias viven esa pesadilla cotidianamente. El comercio ocupa el tercer lugar, con un  23 por ciento de denuncias, mientras que  los pilotos se ubican en la tercera casilla, con  el 6 por ciento.

Las implicaciones que esta criminal actividad plantea  son que la extorsión se ha convertido en uno de los más rentables negocios para los criminales, y por ello es que junto al narcotráfico, el contrabando y la corrupción, constituyen una portentosa maquinaria de hacer dinero ilícito, como incluso se evidencia cuando se descubren redes mafiosas que mueven cantidades incomprensibles de dinero. Mucho de  ello, hay que agregar, persiste porque tampoco se logra desbaratar la maquinaria que dirige al crimen desde las prisiones, también con absoluta impunidad.

De hecho, el informe presentado por el Cien detalla que el 80 por ciento de los casos de extorsión se origina en las cárceles, lo cual representa una clave determinante para contrarrestar sus nefastos efectos, salvo que no se desee cambiar ese modelo corrupto  y  por eso persista ese calvario para un porcentaje elevado de la población. Otra elemental deducción es que puede resultar mucho más fácil concentrar esfuerzos en controlar los reclusorios que   atender estas denuncias en tantos y diversos puntos del país, que puede hacer mucho más lenta la tarea.

Sin embargo, algo de positivo que se encuentra en el estudio es que, al parecer, el mayor pico de las extorsiones se registró en el 2011, y a partir de ese año estaríamos en una curva descendente de casos, aunque al menos para quienes a diario padecen ese calvario todavía no constituye ningún alivio y menos cuando en la principal ciudad del país persisten los ataques despiadados contra los pilotos del transporte urbano, que parecen ser el blanco favorito para enviar un mensaje de terror  a potenciales víctimas.