Panorama claro y preocupante sobre las extorsiones

De acuerdo con los datos que salen del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC), el 69.7% de las extorsiones se registra en las residencias, mientras que un 22.9% es contra negocios. El transporte público de pasajeros tiene un 6.4% de impacto y el 1% restante es hacia “otros”. Primera conclusión: está claro dónde se ubican 7 de cada 10 afectados.

Según el informe, en el 95% de las denuncias presentadas por este flagelo se afirma que las amenazas son recibidas por teléfono y que el 80% de las llamadas provienen de las cárceles. Segunda conclusión: se evidencia cómo y de dónde viene el ilícito. Y para terminar de esclarecer el panorama, el documento concluye que el 61% de los casos sucede en el departamento de Guatemala, seguido, de lejos, de Quetzaltenango. Tercera conclusión: se refiere dónde ocurre la mayoría de hechos.

En dos platos, el CIEN muestra dónde se ubica la mayoría de víctimas, cómo se reciben las amenazas y cuál es el departamento más afectado. Claro, ahora toca el turno de las autoridades para responder dos preguntas claves: ¿Qué se debe hacer para reducir y eliminar este delito?, así como ¿cuándo debe atacarse?, aunque es obvio que la segunda interrogante no admite más pérdida de tiempo; sobre todo, cuando las denuncias de los ciudadanos se aglomeran en el MP y la PNC, mientras que las condenas contra los criminales alcanzan porcentajes ínfimos en relación con las demandas de justicia.

Está claro que este y anteriores gobiernos han impulsado acciones para reducir las intimidaciones de esta naturaleza, pero también es evidente que los planes no solo han sido insuficientes, sino que tampoco han desalentado las fechorías. Hay que reconocer que en esta lucha se necesita una mayor participación de todos los involucrados, porque el MP debe esforzarse para obtener mejores resultados, mientras que los tribunales de justicia deben acelerar los juicios y no dudar en aplicar la severidad de la ley.

También es deseable más participación de los ciudadanos; principalmente, en las denuncias, aunque la esencia de las soluciones pasa por la capacidad del Gobierno para crear estrategias exitosas y firmes contra la delincuencia.