Los gastos comprometidos opacan el presupuesto público

El Ejecutivo solo dispone del 19 por ciento de presupuesto para gastos de los ministerios y secretarías y para realizar inversiones, el restante 81 por ciento se destina a cubrir gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y las obligaciones a cargo del Estado.

Así describe el análisis de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal) la rigidez que tiene la estructura presupuestaria y que se presta a gastos opacos y alejados de las políticas que pretende impulsar el Ejecutivo.

Según el Ministerio de Finanzas, de los ingresos totales que se tienen para este año el 95.7 por ciento se encuentra comprometido o con destino específico. El 42.6 por ciento corresponde a leyes ordinarias y aportes constitucionales, 48.6 a gastos ineludibles como las remuneraciones, clases pasivas y el servicio de la deuda. Además de 4.5 por ciento para gastos derivados de compromisos adquiridos.

El pago de planillas, servicios, deuda y las obligaciones legales dejan el ocho por ciento de los ingresos corrientes para financiar las políticas gubernamentales. Para 2015 se estima que el 91.7 por ciento de los ingresos corrientes están comprometidos en estos renglones.

Nómina pública

Para las remuneraciones en 2015, el Estado prevé gastar Q19.9 millardos. En opinión de Erick Coyoy, consultor independiente, este renglón debe revisarse por la firma de pactos colectivos que comprometen cada año los ingresos públicos y en algunos casos existen razones clientelares que influyen en los acuerdos con los trabajadores públicos.

Al respecto, Mario García Lara , consultor de ATAL, recomienda que el incremento en la nómina del magisterio, acordad en el pacto colectivo, debería estar sujeto a indicadores de calidad.

Según el análisis del G-40 (conformado por economistas, exministros de Finanzas y analistas), el renglón de remuneraciones aumentó 80 por ciento entre 2009 y 2013, “lo que equivale al doble del crecimiento registrado por los ingresos tributarios en el mismo periodo”.

Demás aportes

El 44 por ciento del Presupuesto de 2015 se destinará para el pago de la deuda y las obligaciones a cargo del Tesoro, que incluye los aportes constitucionales e impuestos con destinos específicos.

Hasta septiembre de este año, los aportes constitucionales ejecutados suman Q4.4 millardos, de un total de Q5.9 millardos. Las alcaldías, la Universidad de San Carlos y el Organismo Judicial son los principales beneficiados.

Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, considera que para el sector justicia las municipalidades, el Congreso y la Universidad se debe asegurar un mínimo de recursos para que funcionen y son renglones que necesitan de cambios legales si se quieren modificar.

La debilidad de los municipios para procurar los propios recursos hace que los Consejos de Desarrollo y las alcaldías necesiten del aporte mínimo, agrega Barrientos.

Pero según Coyoy, la estimación de ingresos tiene que ser objetiva para evitar sobreestimar los aportes constitucionales, que aumentan en proporción de los ingresos.

Los rubros del Impuesto al Valor Agregado que se trasladan a los fondos sociales y consejos de desarrollo deben ser revisados para evitar que sean un mecanismo oscuro de financiar gastos políticos, explica Coyoy.

ONG y empresas

Hasta septiembre, el Minfin trasladó Q571.9 millones a las ONG, pero el detalle que se presenta incluye el detalle del Ministerio de Economía, que ha dado Q26.8 millones en aportes que incluye a asociaciones, cooperativas y empresas.

Artesanías Mundo Maya aparece en el listado con un aporte de Q100 mil; sin embargo, al comunicarse a la empresa responden que se dedican a la venta de bicicletas y mochilas. Otras beneficiarias de estos desembolsos son Asesoría y Negocios Integrales, S.A.; Florales Vogue, S.A.; Logistica Atitlán, S.A. y Beatrans, S.A. Los recursos que se trasladan provienen de préstamos obtenidos para impulsar a las pequeñas y medianas empresas.

Hay mucha flexibilidad en el uso de los recursos que provienen de préstamos y que se destinan a la competitividad, asegura Coyoy. Mientras que Barrientos considera que no existe justificación para el traslado de recursos a entes privados.

Si no están fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas y bajo las condiciones de la Ley General de Compras y Contrataciones del Estado son un aporte opaco, agrega Barrientos.