La justicia tiene dueño

Si en dado caso estos argumentos son muy teóricos para algunos, la incidencia práctica de un sistema de cortes que responden a quienes los colocan es que los fallos privilegien los intereses de estas estructuras de mafias espurias, en lugar de fallar acorde al derecho y a las leyes de nuestro país. Si esto aún no fuese suficientemente práctico, resaltaría el hecho que faltar a la independencia judicial, viola los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Europa, entre otros.

A pesar de los enormes esfuerzos por algunos comisionados y por instancias de sociedad civil, como Guatemala Visible y Pro Justicia, el proceso de selección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones exhibe una serie de deficiencias. Sin entrar en los rumores que corrían por los pasillos de las comisiones acerca de cuánto habría pagado algún candidato por figurar en algún listado, se pueden documentar diversas fallas en el proceso. Un ejemplo de ello es la tabla de gradación que inicialmente favorecía a penalistas sobre jueces. La “solución” de bajar la calificación mínima aceptable es como decir que se aumente el tamaño de los hoyos del colador, esencialmente permitiendo la participación de cualquiera en el proceso.

Más allá de esta corte, el diseño del proceso exhibe fallas de naturaleza estructural. Nuestros próceres incluyeron un sistema de Comisiones de Postulación en nuestra Constitución con miras a crear un sistema de oposición que sirviese como un último filtro, integrado por personas honorables e independientes. Yo mismo salí a las calles a pronunciarme a favor de la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación. Tan solo cinco años después, vemos que la Ley fue superada por el poder de las mafias, cuya ambición es adueñarse de la justicia. Desde la creación de facultades de leyes de cartón, hasta la omisión de la discusión de reconocida honorabilidad, todo ha sucedido sin una reacción de peso. La notoria ausencia y silencio por parte de la CC y la PDH, sorprenden. El sistema está “agotado”.

La valiente renuncia de la magistrada Claudia Escobar aduciendo anomalías en el proceso de elección de magistrados de la CSJ y de Apelaciones, nos exige una reflexión profunda con carácter de urgencia. Retrotraer el proceso sin incidir en su mejora producirá un resultado similar al actual. Por ello, la atención debe de ir hacia el mejoramiento del proceso.

Desde 2004 la CC se pronunció en contra del uso de la Ley de la Carrera Judicial para la evaluación de jueces a Cortes de Apelaciones. Quizás ese es el pecado original que hoy le exige a un grupo de 34 comisionados evaluar más de mil expedientes en un plazo ridículo: ocho días para la verificación de requisitos de ley, ocho días para evaluar impedimentos y tres para evaluar aquellos con señalamientos. La Ley de la Carrera Judicial representa un esquema que permitiría basar las evaluaciones de los jueces en criterios objetivos, tales como la calidad de sus sentencias. Un sistema de evaluación permanente de jueces por ramo inyectaría una dosis de objetividad a la calificación del mérito. Sin embargo, el otro pilar de la Ley de la Carrera Judicial es el Régimen Disciplinario. Para que el régimen disciplinario cumpla su función y para que dichas sentencias sirvan como un necesario ingrediente en la evaluación de jueces, se debe de encontrar un diseño donde no sean los mismos jueces quienes se califiquen entre sí.

Migrar hacia un esquema que favorezca la meritocracia necesariamente implica una reforma al proceso de designación de magistraturas. Favorecer la independencia implica romper las ataduras con los actuales “dueños” del proceso. Por ende, rescatar la independencia de las cortes no será tarea fácil. No será suficiente hacer los posible, se requiere hacer lo necesario para rescatar nuestra independencia judicial.