Guatemala invierte en seguridad el 8.7% del PIB cada año

Así se infiere de los datos del Instituto para la Economía y la Paz en su informe Costo de contener la Violencia, en el que evalúa el cuadro de inversión en seguridad de 162 países del mundo.

En 2013, esa cifra se incrementó 0.5%, en comparación con 2012, con lo cual alcanzó niveles solo superados en la región por Honduras, que gastó $7,625 millones y El Salvador que hizo lo propio por un monto de $6,885 millones. Estas cifras fueron equivalentes a un 19.2% y 14.5% del producto interno bruto (PIB) de estas naciones, respectivamente.
Así las cosas, del total de países Guatemala ocupó el puesto 28 en el ámbito mundial y sexto en el continente, al destinar el 8.7% del PIB en dicha materia.

Hace tres años el Banco Mundial (BM) concluyó en que si el país fuera capaz de disminuir un 14% la tasa de homicidios, el crecimiento económico aumentaría cada año un 1%. Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Violencia Armada, más del 31% de personas tuvo que gastar para mejorar su seguridad en el último año.

Gastos por sector
Las estimaciones de los gastos en seguridad que estima el Instituto para la Economía y la Paz los clasifica en cuatro rubros por país: inversión gubernamental, sector privado, costos de personas y otros gastos relevantes.

En el primero, el Gobierno desembolsa $1,623.4 millones para las diferentes fuerzas de seguridad, equivalentes al 1.99% del PIB, mientras que las empresas destinan $2,449.3 millones, lo cual significa el 3%. Los recursos personales son el rubro más alto ya que las personas particulares gastan $2,897.8 millones (3.54% del PIB), y por último, aunque representa menor proporción, otros gastos por $149.5 millones que equivalen al 0.18%.

Felipe Bosch, directivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), señala que con los altos índices de inseguridad y violencia se deja de atraer inversiones, lo cual se vuelve una cadena de pérdida porque se recauda menos impuesto y no se generan puestos de trabajo.

“El Gobierno ha hecho de la seguridad una prioridad nacional pues se observan mejoras, pero no quiere decir que todo esté hecho, pues falta mucho por realizar”, enfatiza.

“Una de las principales, es el presupuesto general donde se debe dar prioridad a los recursos que se emplearán en este rubro para los próximos cinco años, y fortalecer así las instituciones relacionadas con la materia para que puedan dar una respuesta pronta”, agrega el empresario.

Reforzar trabajos
Otro estudio presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen mostró que en el país mueren de forma violenta 34 personas por cada 100 mil habitantes. Según estas cuentas, el año pasado perecieron 5,253 personas lo que derivó que Guatemala fuera ubicada en la casilla 6 de 219 naciones evaluadas.

Bosch destaca que se debe seguir trabajando para continuar con el descenso de homicidios porque es un tema que ha mostrado avances. Estima que para el próximo año, cuando concluya la gestión del presidente Otto Pérez, se reduzca la cifra a 25 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Este es un factor que favorece un mayor crecimiento económico, pues así lo han demostrado otros países del continente, como Colombia y Chile que reportan tasas de homicidios de un dígito.

Lo que a juicio de Bosch es preocupante es que el próximo gobierno reste prioridad al tema de seguridad y eso obligue a empezar otra vez de cero.

Resta competitividad
Debido a la violencia e inseguridad, Guatemala pierde 1.08% al año del PIB por la disminución de la productividad de los trabajadores, mientras que la pérdida mundial por este factor es de 0.29%. El combate a la violencia representa para cada ciudadano en promedio de $470 al año per cápita, que aumentó en $15 en los últimos dos años.

El presidente de la Cámara de Industria, Fernando López sostiene que el porcentaje que destinan las empresas para contratar seguridad que va desde agentes privados hasta el sistema de manejo de efectivo, representa entre 5% y 7%, que se convierte en un cargo extra y causa que las empresas reporten pérdidas, puesto que las utilidades de muchas empresas solo es de un dígito.

López agrega que los datos por inseguridad y violencia son preocupantes ya que afecta tanto a la población como a todo tipo de negocios. Ese hecho lo que refleja es que el Estado no cumple con su función de brindar seguridad y esto obliga a que las empresas en lugar de revisar temas de competitividad y servicio al cliente se enfoquen en programas de protección y eso hace menos eficiente la estructura económica del país.

“Todavía hace falta trabajar más en el tema, porque aunque se han dado resultados, se necesitan más comisarías y agentes policiales.

A la vez, debe haber profesionalización en las instituciones para que avancen en conjunto que va desde la Policía, Ministerio Público y el Sistema de Justicia donde se agilicen los procesos penales”, puntualiza el representante de los industriales.

Combatir extorsiones
El Ministerio de Gobernación sostiene que uno de los flagelos en Guatemala es el de las extorsiones. Según la cartera de Seguridad esta actividad ilícita deja unos Q475 millones al año a pandillas y grupos criminales.
Se estima que los cobros ilícitos a unas mil unidades de transporte urbano y extraurbano ascienden a Q180 millones; las exigencias a comercios representa otros Q180 millones. Las extorsiones efectuadas por teléfono desde las cárceles se elevan a Q36 millones y con secuestros exprés los delincuentes obtienen otros Q30 millones.
Las demandas a residencias permite a los transgresores de la ley recolectar Q20 millones y entre los proveedores de servicio de taxis otros Q18 millones.
Por último, los cobros a reos al ingresar a prisiones refleja un ingreso de Q10 millones.
Felipe Bosch reconoce que las extorsiones son las que tienen de rodillas a los ciudadanos, por lo que urge a las autoridades a trabajar y enfatizar esfuerzos contra ese flagelo, ya que aún falta mucho para controlarlo.
“En Enade se presentarán ideas con posibles soluciones. Además, se plantearán alianzas o coaliciones por la sociedad civil y el Gobierno para enfrentar ese problema que es el más complicado que tenemos los guatemaltecos”, finaliza Bosch.
En los últimos tres años las autoridades policiacas han desarticulado 74 grupos de extorsionistas y han detenido a 250 personas vinculadas en dichos delitos.

• “El Gobierno ha hecho de la seguridad una prioridad nacional pues se observan mejoras, pero no quiere decir que todo está hecho, falta mucho por realizar”.— Felipe Bosch / Presidente Fundesa

• 2,897.8 de dólares se destinan las personas para protegerse de la inseguridad