Curioso cuestionamiento

Resultan sorprendentes algunos cuestionamientos ante la noble decisión de la magistrada Claudia Lisette Escobar (Vocal 1 de la Sala Quinta de Apelaciones Civil), precisamente en momentos en los que los ciudadanos enfrentamos una clara amenaza a la independencia judicial y a la separación de los poderes del Estado.

La lógica es que toda persona que tiene claridad en cuanto a la responsabilidad de la función pública y el debido respeto a la Constitución Política de la República, se identifique con la negativa a mantener el silencio y observar cómo se continúa cayendo en una pendiente que llevará a todos los guatemaltecos a la pérdida de garantías en el ejercicio de su libertad personal.

El afán de control del poder es permanente, y solo el respeto a los límites establecidos en la ley y los controles recíprocos entre los poderes del Estado pueden garantizar a los ciudadanos el respeto a sus derechos y libertades. El asunto que hoy se plantea con particular énfasis, es el rompimiento de esa separación entre los organismos del Estado y las consecuencias que esto implica para el Sistema de Justicia.

Pero cuando se dice que porqué no se había hecho nada se están ignorando múltiples acciones y propuestas que han involucrado a grupos ciudadanos. Es importante destacar que desde varios años atrás, distintas organizaciones, centros de pensamiento, asociaciones de juristas y personas en lo individual, sí han intentado frenar los abusos y la burla a la ley que se ha acentuado con el paso del tiempo ante la desaparición de valores éticos indispensables para el buen desempeño de la función pública.

Recordemos la propuesta de reformas a la Constitución precisamente relativo al Sistema de Justicia, trabajado conjuntamente por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, la Universidad Rafael Landívar y la Universidad de San Carlos sobre temas de seguridad y justicia. Recordemos que también el hoy Presidente de la CC, licenciado Roberto Molina Barreto, formuló una propuesta en 2011.

Recordemos la propuesta del grupo Pro-Reforma y otra más promovida por el actual gobierno. Recientemente también se concretaron proyectos de reforma a la Ley de Comisiones de Postulación que llegó al Congreso de la República como Iniciativa 4471. Otra a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que luego de aprobada llegó en consulta a la Corte de Constitucionalidad.  Todo durmiendo el sueño de los justos en los archivos del Congreso. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia aprobó el Decreto 41-99, Reformas a la Ley de la Carrera Judicial.

En la mayoría de estas iniciativas han contribuido personas y tanques de pensamiento y de análisis con propuestas de políticas públicas y de reformas legales que contribuirían a cerrar espacios a las acciones de quienes han priorizado intereses personales o de grupo, para alcanzar el poder ilimitado que les facilite imponer sus ideas y amasar fortunas inconcebibles e injustificadas en relación a sus ingresos.

A lo anterior, cabe agregar las decenas de impugnaciones y acciones promovidas por abogados en lo individual, y por asociaciones de diversa índole que sí han cuestionado desde años atrás las decisiones de autoridades que contravienen las leyes vigentes, aunque muchas hayan pasado desapercibidas.

Es un hecho evidente que los procedimientos adoptados en la escogencia de los listados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones no se ajustaron a la normativa establecida en la Ley de la Carrera Judicial, y es otro hecho notorio la injerencia de grupos de interés y, en particular, de partidos políticos en la increíblemente veloz escogencia de los magistrados electos por el Congreso. Es un hecho que el descaro observado en las recientes elecciones de magistrados superó las irregularidades de los procesos anteriores.

De allí que la decisión de la magistrada Claudia Lisette Escobar, reelecta por el Congreso, haya decidido pagar el costo de exponer públicamente las razones de su renuncia como magistrada de Apelaciones, en consonancia con su sentido ético y su rechazo a la injerencia de fuerzas ajenas a los intereses de la nación, y el irrespeto a la independencia del Organismo Judicial.

“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. Montesquieu.