FRITZ THOMAS
La Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala (CGC) es el ente encargado de “contarle las costillas” al Estado. La Constitución establece que la CGC “es una entidad o institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y, en general, todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado”. La CGC fue establecida y se rige por los artículos 232 al 236 de la Constitución Política de la República. La CGC es el equivalente del auditor externo del Estado. Entre sus funciones está “ser el órgano rector del control gubernamental, efectuar el examen de operaciones y transacciones financieras-administrativas a través de la práctica de auditorías”, y entre la larga lista “promover mecanismos de lucha contra la corrupción”.
La Constitución da los grandes brochazos de la CGC, pero esta se rige por la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, decreto legislativo 31-2002. Este mismo decreto le asigna a la CGC el 0.7% del presupuesto de ingresos del gobierno. La máxima autoridad y jefe de la CGC es el contralor General de Cuentas, electo por un periodo de cuatro años. El Congreso de la República elige al contralor, de una nómina de seis candidatos que son propuestos por una comisión de postulación.
Esta última se integra con un representante de los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades de las universidades que cuentan con la carrera de Contaduría Pública y Auditoría e igual número de representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas y del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Los nominados deben contar con el voto de por lo menos dos tercios de los miembros de la Comisión y luego el Congreso debe elegir con mayoría absoluta.
Hace una década, el Congreso destituyó al contralor Óscar Dubón Palma, cuando este huyó del país luego de ser citado para explicar a los diputados su participación en la estafa millonaria del IGSS, las malversaciones en Guatel y la triangulación de fondos de la CGC para financiar las campañas electorales de la UNE y el PAN (PL, 04/03/04). Dubón Palma fue condenado a siete años de prisión y fue liberado tras cumplir la mitad de su condena. Otro contralor General que fue a parar a la cárcel fue Marco Tulio Abadío, quien tras dejar el puesto como jefe de la Contraloría pasó a dirigir la SAT, de donde se robó más de Q40 millones, utilizando ingeniosos mecanismos como la compra de cortinas a testaferros por Q3 millones.
Guatemala tiene el rango 123 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que evalúa a 177 países y territorios alrededor del mundo. Le siguen Togo, Azerbaiyán y Gambia. Pero en Guatemala nadie necesita que Transparencia Internacional le diga que hay corrupción en el país y que sobre esto no se ve luz al final del túnel. Estar en altas esferas del Estado es hoy por hoy la manera más rápida de hacer fortuna. El gobierno es el Gran Negocio y los contribuyentes están prácticamente indefensos ante la rapacidad. Lo que se ve en el sistema penitenciario y sale a luz de cuando en cuando, es un pequeño reflejo del sistema.
La Contraloría General de Cuentas es una piñata grande y el centro de mucho poder. Guatemala necesita, urgentemente, un contralor muy, pero muy valiente y eficaz. Hasta ahora no hemos visto uno así. Ojalá aparezca.
Publicado el 11 de septiembre de 2014 en www.prensalibre.com http://www.prensalibre.com/opinion/Contando-las-costillas_0_1209479332.html
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