Antidesarrollo, paradigma vigente

75% del territorio nacional forma parte ya del “Corredor Seco” —perdone, señor viceministro de Agricultura, pero no se le puede llamar “Declaratoria focalizada” a una que comprende 16 de los 22 departamentos del país—; más de un millón de personas en riesgo de pasar hambre y sed. Por si no fuera poco, el Congreso aprueba irresponsablemente leyes que amenazan directamente la sobrevivencia alimentaria, mientras mantienen la de desarrollo rural en el congelador.

Todo lo que veo contradice la doctrina de que los Estados tienen como misión impulsar el desarrollo. Más parece que aquí lo que se ha instalado es una auténtica política antidesarrollista. Somos como una montaña rusa que se desliza en reversa rumbo al precipicio: Coberturas educativas en franco retroceso; de la calidad, ni se hable: tan malos han de ser los resultados de las pruebas a graduandos del 2013 que esta es la hora que el Mineduc no las publica.

El Ministerio de Salud reduce el alcance del Programa de Extensión de Cobertura —las migajas de atención que recibe la gente en el campo— y pretende, al igual que con la sequía, que la cooperación le palíe la vergüenza. ¡Ya ni vacunas hay para los niños! El vampirismo en las aduanas ha dejado sin sangre al Estado; eso sí, otros se ponen la servilleta al cuello para servirse en abundancia con la nueva emisión de bonos del Estado o de leyes que les eximan de pagar impuestos.

Expulsar a la gente de sus territorios parece ser la principal misión de las fuerzas de seguridad, no resguardar a la ciudadanía y sus bienes de los malhechores. ¡Que le pregunten si no a los pobladores del asentamiento Las Torres, desalojados por cientos de policías y sin la presencia de ninguna institución pública —nacional o municipal— que les proveyera alternativas de asentamiento y vivienda! O a los pobladores del Polochic; o a los kekchis, al igual que ha sucedido en tantos otros lugares del país de manera sistemática durante los últimos años. O esa familia masacrada en una colonia de clase media en la ciudad capital esta semana, por no pagar la extorsión.

Difícil ya atribuir a mera negligencia e incompetencia tanta cosa que ocurre. Detonantes aquí y allá hacen ver los sucesos como aleatorios; en realidad, cada día se asemejan más a un proceso de anulación y degradación ciudadana cocinada a fuego lento, y de amplio alcance territorial. Tal pareciera que se quisiera hacer retroceder al país a condiciones predemocráticas  que justifiquen tomar “medidas drásticas” que allanen el camino del control final sobre lo que quede del Estado y sobre los territorios.

Necesitamos algo que desequilibre el fiel de la balanza; que saque a los poderes fácticos de su zona de confort, para que se vean obligados, como a mediados de los años ochenta, a pactar de nuevo para restablecer la gobernabilidad. La sequía no parece ser tampoco ese  detonante.