Opacidad sigue extendiéndose

Un claro ejemplo de esto lo constituye la actitud de los integrantes de la comisión para elegir a los magistrados de las salas de Apelaciones, que ayer decidieron negar el acceso a la Prensa y a representantes de la sociedad civil. La más lamentable ironía resulta ser que entre quienes decidieron esto se encuentran los decanos de Derecho de las universidades del país. Son este tipo de situaciones las que generan preocupaciones como la señalada por Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, debidas a como se desarrolla el proceso de postulación.

La interpretación obvia es muy simple: existe interés en mantener la opacidad de las actuaciones de quienes tienen la tarea de revisar los  mil 27 expedientes para magistrados de 42 salas. Pero además, se comprueba que existe una especie de contubernio tácito para impedir que sea aplicado el espíritu y la letra del derecho a conocer y a vigilar los procesos de la elección de magistrados, a causa de razones variadas e importantes.

 Para nadie es un secreto que  hoy en día el sistema judicial del país atraviesa por un momento extraordinariamente difícil y que su prestigio se hunde como consecuencia de decisiones inexplicables de jueces y magistrados, a causa de la manera como interpretan las leyes.

Debe existir voluntad para terminar con esta lacra, lejos de impedir el acceso a cualquier tipo de ciudadano representante de sectores específicos del país, como es el caso de la Prensa y de las asociaciones gremiales o con intereses comunes. El país necesita que se hagan esfuerzos porque renazca la confianza en las instituciones, y por ello estas  actitudes van exactamente en el sentido contrario y contribuyen a deteriorar tanto la imagen como la confianza, esta última fundamental e indispensable.

A la pregunta de qué se debe hacer para contrarrestar estas maniobras, la respuesta es simple: seguir la presión de los sectores de la sociedad civil, que en este momento se encuentran solos, a causa de que los académicos —representados por los decanos antes indicados—  se han colocado en el equipo de quienes contribuyen al deterioro institucional  y permiten la permanencia de quienes con sus fallos indefendibles favorecen que la población tome atajos para la resolución de sus problemas legales.

Lo ocurrido ayer se debe  comprender como parte de una conspiración en contra de los principios democráticos y de los derechos ciudadanos. El naufragio institucional del país no se puede evitar cuando la opacidad afecta nada menos que la forma como llegarán a sus puestos quienes se encargan de interpretar las leyes. Si hay opacidad en la integración, la habrá en las decisiones y es un paso firme para regresar a la ley de la selva, sin juridicidad.