PHILLIP CHICOLA
La crisis institucional de la administración tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) parece estar al borde del abismo. La crisis de recaudación tiene en jaque al Estado, y se plantea como riesgo de corto plazo para la gobernabilidad. La percepción de quiebre se agudiza a raíz de la impotencia de la SAT para atender la crisis, sus contradicciones internas, la disfuncionalidad de sus intendencias y la ofensiva contra su autonomía.
Su mayor contradicción es el divorcio entre objetivos fiscales y acciones para paliar la crisis. En el último cuatrienio, se han concedido tres amnistías para reanimar la recaudación. No obstante, en el afán de raspar la olla, y recolectar unos Q350 millones, la SAT tira al traste su esfuerzo de formar cultura tributaria. Vaya forma de promover responsabilidad fiscal, si la receta para captar migajas es exonerar multas e infracciones. Lo peor, es que la campaña de cultura tributaria ha costado decenas de millones de quetzales.
Lo mismo ocurrió con el affaire Kolektor, que no solo generó cuestionamientos sobre la legalidad y el costo de la contratación, sino que desató el furor público tras el explícito reconocimiento de la disfuncionalidad interna de la SAT.
Esa disfuncionalidad no es más que el reflejo de una institución corroída por la corrupción. Por ejemplo, en Aduanas, el contrabando ha sido inmune a la intervención operativa. Mientras, los agentes aduaneros –herederos de la Red Moreno y sus sucesores–, rentabilizan la anarquía que impera en puertos y fronteras. Para el Gobierno, el desborde del contrabando no pinta nada bien. Más si recordamos que Claudia Méndez fue designada directamente por la Vice para hacerse cargo de aduanas. Esto genera dos preguntas incómodas: ¿Será que la mafia del contrabando cuenta con la venia de las altas esferas del poder? ¿O será tan poderosa que ni la misma ungida de Baldetti es capaz de combatirla?
En Fiscalización y Asuntos Jurídicos, las auditorías de ISR, las liquidaciones de IVA, o los procesos en cobro administrativo se transan a cambio de coimas para auditores y mandatarios legales. Y en el inframundo de la mafia, sobran los gestores que se ufanan de contar con los vínculos para “apachar clavos” fiscales.
La guinda al pastel es la agonizante autonomía. Como si la designación de Méndez fuera poco, el Presidente defiende una contratación dentro de una entidad autónoma y descentralizada, y luego, amenaza con destituir a un Directorio permisivo ante las falencias de la SAT. No obstante, su ofensiva llega a destiempo, pues ahora se percibe como reacción ante la no contratación de Kolektor, lo que solo contribuye a agudizar las dudas alrededor del proceso.
Bajo esas condiciones, no hay consultoría, auditoría o revisión de procesos que haga más eficiente la recaudación. Atender el problema requiere de una profunda depuración, de la construcción de carrera profesional dentro de la SAT, y blindarla de presiones políticas.
Publicado el 24 de junio de 2014 en www.elperiodico.com.gt http://www.elperiodico.com.gt/es/20140624/opinion/249729/
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