Terrorismo contra hidroeléctricas y minas

Ramón Parellada

Es positivo ver que el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes sigue disminuyendo en el país. Sin embargo, es muy negativo ver cómo algunos actos terroristas están ocurriendo en el interior atentando contra personas trabajadoras y sus pertenencias.

Uno de estos actos ocurrió el pasado 5 de mayo. Un grupo de criminales armados, que se movilizaban en aproximadamente 20 pick ups y dos camionetas, viajó desde la capital municipal de San Mateo Ixtatán hasta las instalaciones de una empresa que está construyendo y desarrollando un proyecto hidroeléctrico. Al llegar aterrorizaron a los pobladores locales, destruyeron las instalaciones de la empresa y hasta quemaron los puestos de comida que mujeres emprendedoras habían construido para alimentar a los trabajadores.

El problema radica en que estos grupos terroristas andan como Pedro por su casa sin que el Ministerio Público actúe con la premura del caso ni la justicia sea aplicada pronta y eficazmente. Después de 48 horas de súplicas de las empresas y vecinos atacados, apareció finalmente el Ministerio Público. Esto es inaudito ya que debieron llegar inmediatamente y sin excusas. En el lugar dejaron, por más de 24 horas y solos, a los representantes de la Procuraduría de los Derechos humanos junto al técnico de Ministerio Público con las pruebas recolectadas. No lo podía creer cuando me lo comentaron personas que vivieron de cerca este acto de terror.

Lo peor de todo es que al momento de escribir este artículo, más de un mes después de los graves hechos, aún no hay un fiscal asignado para este caso y, por supuesto, no hay ni una sola orden de captura. Los vecinos del norte de San Mateo Ixtatán siguen aterrorizados, viven acosados y amenazados y esperan que algún día se llegue a hacer justicia.

Otro caso también reciente es el que ocurre con la mina El Tambor, en la Puya, San José El Golfo. Desde marzo del 2012, vecinos de la mina que no corresponden a la jurisdicción municipal donde se encuentra la misma la han emprendido contra la misma bloqueando carreteras y provocando a los trabajadores de la misma.

Hace veinte días ocurrió un bloqueo a la entrada de la mina para que no pudieran ingresar maquinaria en la misma. En este caso, la Policía actuó despejando la vía, como debe ser. Bloquear un acceso a la propiedad de uno es un acto de violencia, y las autoridades deben actuar conforme a la Ley. Estos opositores usaron cobardemente niños y mujeres como carne de cañón. En este hecho violento salieron heridos varios agentes de la Policía así como varios de los vecinos que impedían el paso de la maquinaria.

El ataque a la hidroeléctrica y la población vecina en San Mateo Ixtatán como el bloqueo del ingreso a la mina son hechos flagrantes de violencia que deben ser detenidos en el momento por las fuerzas de seguridad. Estos dos ejemplos le pueden suceder en cualquier momento a quien pretenda construir una hidroeléctrica o invertir en un proyecto minero.

El no haber detenido de inmediato estos hechos vandálicos causa zozobra y conflictividad social. Me da la impresión de que los criminales gozan de la complicidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos al aparentemente otorgar derechos a los que infringen la ley sobre los que actúan de acuerdo a la misma y del Ministerio Público al seleccionar sus casos a discreción retardando deliberadamente nombramientos de fiscales y una pronta investigación para procesar a los culpables y llevarlos a los tribunales de justicia.

De haber certeza ante la ley en cuanto a que quien comete un delito sea detenido y sometido a los tribunales de justicia, entonces, automáticamente se pararían todos estos actos terroristas que violentan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Guatemala.