La vetable ley de telecomunicaciones

El Congreso actual ha llegado a colocarse en un nivel de desprestigio aún más grande que el de parlamentos anteriores, lo cual ya es decir mucho. Pero las circunstancias que rodearon a dicha promulgación simplemente son indefendibles, al atropellar derechos individuales y colocarlos en desventaja total ante decisiones no solo ajenas a la voluntad de los ciudadanos, sino dictadas exclusivamente por el interés de conglomerados o monopolios económicos.

El presidente Otto Pérez Molina no tiene alternativa. Debe vetar dicha norma lo antes posible, porque le será difícil evitar que lo alcance el desprestigio que ya empieza a aparecer como causa de esa Ley de Telecomunicaciones, así como de acciones de inconstitucionalidad que pronto serán hechas públicas. A esta conclusión se llega por simples deducciones lógicas ante lo ocurrido antes, durante y después de la aprobación dentro del pleno del Congreso.

En efecto, los diputados decidieron suspender una interpelación, que tiene jerarquía sobre otras acciones parlamentarias. Luego dos diputados de Winaq y de la URNG solicitaron votar una moción privilegiada para discutir la Ley de Pueblos Indígenas, con lo cual dejaron la puerta abierta al tema de la Ley de Telecomunicaciones y declararla de urgencia nacional, lo cual significa que solo se podía debatir en ese momento y dentro del hemiciclo. Como consecuencia de eso, la normativa fue aprobada apenas en menos de tres horas.

Otro factor que provoca extrañeza y que contribuye a la necesidad de que el veto sea inmediato lo constituye el evidente acuerdo entre los secretarios generales y los jefes de bloques de los partidos mayoritarios, el Patriota y el Líder. Sin esto, los diputados de ambas agrupaciones no se hubieran atrevido a actuar como lo hicieron. Es necesario señalar que tales parlamentarios se caracterizan por su constante confrontación, en especial los lideristas, y que resultó sumamente extraño y sospechoso oír declaraciones muy similares de ambos al respecto de dicha ley.

La propiedad privada sufre atropellos porque quienes tienen terrenos o cualquier bien inmueble no pueden hacer nada si por cualquier motivo alguien con poder otorgado por esa ley los obliga a ceder espacios, a talar árboles o derribar casas. No se escapa ni siquiera el mismo Estado, y por eso es posible que haya cables por encima de ruinas mayas, monumentos nacionales, etcétera. Las acciones legales en la Corte de Constitucionalidad no se harán esperar, y la brasa ardiente quedará entonces en los magistrados. Todo eso se evitaría con la voluntad política presidencial de cerrar una fuente adicional de desprestigio para el Gobierno así como de daño para los ciudadanos.