Las comunas como fuentes de corrupción

El alcalde Palencia está acusado de haber intercambiado cheques con su colega Medrano, quien ha sido jefe edil por 25 años y hoy tiene un impresionante listado de acusaciones por haber contratado a empresas de familiares y amigos para construir obra pública, cobros ilegales de impuestos, recepción inexplicable de fondos de las municipalidades de Villa Canales, San Raymundo, San José del Golfo y San Miguel Petapa; y no cumplir con requisitos legales para cobrar el impuesto sobre inmuebles (IUSI).

Trascendió que ayer los abogados defensores de los acusados estaban empeñados en negociar con las autoridades la entrega de estos. Otra característica de Medrano es su transfuguismo impresionante: de la Democracia Cristiana Guatemalteca pasó al Frente Republicano Guatemalteco, luego a una alianza en la que participó el Partido Patriota; posteriormente, a la Unidad Nacional de la Esperanza, y ahora pertenece al partido oficial. Por su parte, Palencia ha militado en la UNE, y ahora es también uno de los alcaldes pertenecientes a las filas del partido gobernante, que una vez más se ve relacionado con funcionarios envueltos en problemas legales.

Este asunto obliga a pensar en la necesidad de regular el número de veces que alguien puede reelegirse, tanto en las municipalidades como en el Congreso. De nuevo vale mencionar que en la comuna capitalina existen numerosas actividades y manejos de fondos públicos que no resisten el menor análisis, además de que la integración del Concejo convierte a ese ente de control edil en una verdadera caricatura institucional, al estar al servicio de la voluntad de Álvaro Arzú.

Con motivo de la redacción del nuevo texto constitucional en 1984, el espíritu de los integrantes de la asamblea constituyente fue permitir a las comunidades de todo el país desembarazarse del olvido en que los gobiernos centrales las habían tenido por décadas. De allí nació la idea de dedicarles un porcentaje del presupuesto nacional, con la meta de llevar el progreso a todo el país. Sin embargo, uno de los resultados fue la proliferación de actos reñidos con la ley, por medio de la construcción de obras otorgadas a la parentela o a empresas de fachada. En el caso capitalino, la figura legal de los fideicomisos fue la manera de encontrar una justificación al pillaje.

Ciertamente, no todos los alcaldes son corruptos, como tampoco lo son todos los diputados. La meta debe ser encontrar la manera de ejercer controles más efectivos con el dinero proveniente de los impuestos. Hasta ahora los cambios obtenidos en las poblaciones están manchados con la mácula de los negocios sucios, así como de los chanchullos y el latrocinio.