Urge cerrar filas a la opacidad

Los principios de libre acceso a la información descansan en la máxima publicidad, transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública, entre otros. Sin embargo, nuestra cultura de puertas abiertas tanto a nivel público como privado aún es incipiente.

Ayer se registraron dos hechos aislados, pero vinculados por un mismo factor: la opacidad. Los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tomaron posesión y realizaron su primera reunión en la cual designaron al presidente de ese órgano con una marca especial: “que fue a puerta cerrada”. El cambio de autoridades se dio sin acceso a los medios de comunicación, los nuevos magistrados ingresaron al edificio por la puerta trasera para no ser entrevistados por los periodistas.

Otro acto que llamó la atención fue la verificación que realizó la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco) a las instalaciones del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (Siga) para constatar el servicio que se brinda a los usuarios del Transurbano. La acción surgía tras recibir más de cien denuncias de usuarios que se quejan del mal funcionamiento del sistema de lectores de tarjetas prepago, los cuales debitan más del precio autorizado a los guatemaltecos. Asimismo, que en horas de la noche el cobro es arbitrario y es común el precio de Q5 a partir de las 19:00 horas en las unidades. También que de 419 buses solo circulan 270 unidades. Estas supuestas anomalías iban a ser constatadas por la Diaco, pero los personeros del Siga se negaron a proveer la información solicitada.

En ambos hechos se evidencia una clara violación a la Ley. El primero protagonizado por funcionarios públicos y en el otro por personeros de una empresa que funciona gracias a los impuestos de los guatemaltecos que transfiere el Gobierno en concepto de subsidio.

Es oportuno que el procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, emita una condena al respecto para llamar al orden tanto a los nuevos magistrados como a los personeros del Siga.

En el caso del TSE es inadmisible que recién inicien sus funciones y disten de la transparencia de sus actos. La transparencia es un derecho social de la población y no debe ser violentado por la arrogancia o prepotencia de malos guatemaltecos. Urge cerrar filas a la opacidad tanto en las instituciones como en las empresas que administran fondos públicos.