Renovada causa de preocupación

Casi medio centenar de agentes policiales son detenidos anualmente, señalados de integrar bandas criminales que fundamentalmente se dedican al secuestro, extorsión o simplemente a despojar a la población de los pocos recursos con que cuenta, algo que volvió a cobrar relevancia el pasado fin de semana con la captura de tres miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes fueron apresados en Amatitlán, sindicados de asociaciones ilícitas.

Estos malos elementos, que fueron detenidos junto a otros integrantes de una banda que se dedicaba al sicariato, se ocultaban detrás de sus cargos para cometer asesinatos, principalmente en Zacapa, Jalapa y Santa Rosa, departamentos que se encuentran entre los que registran mayores índices de criminalidad, junto a Guatemala y Escuinta, lo que contribuye de manera desproporcionada a que en el país existan indicadores preocupantes y socaven nuestra imagen en el exterior.

Hay hechos en los cuales las autoridades de Gobernación parecen no darse cuenta del riesgo al que se somete a la población al permitir prácticas estériles como los retenes, los cuales, además de ser inconstitucionales, arrojan pocos resultados y constituyen un incentivo perverso para las exacciones, puesto que hay ocasiones en las cuales un par de agentes pueden montar operativos que a todas luces están alejados de la legalidad, lo cual contrasta con las escasas capturas que se consiguen mediante tal estrategia, que también limita la libre locomoción.

Entre las autoridades no hay un monitoreo unificado de los retenes, ni siquiera un control de resultados y comportamiento de los agentes. Aunque con frecuencia la excusa usual es que solo se trata de medidas preventivas, en esos operativos se anota en cuadernos a cada persona que pasa, y hasta ahora no se sabe con precisión cuál es el fin de ese registro, lo cual preocupa, porque tales datos pueden terminar en manos de personal inescrupuloso, que investido de autoridad puede hacer uso de esa información.

Mientras no se encuentre una explicación satisfactoria, los estrategas de la seguridad interna deberían cesar esas prácticas porque nadie sabe cuál es el paradero de los datos recabados, a lo cual se suma el costo, y además se vuelven previsibles para los delincuentes, con lo que resulta dudosa su efectividad. Si bien puede comprenderse que ante determinados hechos sea necesario instalar cierres controlados de vías, esto no solo debe ser excepcional, sino que también tiene que estar bajo conocimiento de los más altos mandos y contar con estándares de una seguridad en democracia.

Por ello es que no resulta casual reiterar que la PNC sigue apareciendo como una de las instituciones que menos confianza le inspira a la población, algo que se vio ratificado en el reciente informe que emitió el Departamento de Estado, que la ubica, junto al sistema de justicia, como dos de los entes más corruptos del país, suficientes motivos para que las autoridades tomen acciones para replantear las medidas de seguridad y se empeñen menos en la cifra de agentes y más en la calidad del personal que entrenan.

Publicado el 11 de marzo de 2014 en www.prensalibre.com por Editorial Prensa Libre
http://www.prensalibre.com/opinion/Renovada-causa-preocupacion_0_1099690053.html

No Responses

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *